El Ayuntamiento de Chiclana prevé invertir unos 1,7 millones de euros en la transformación de la carretera de Pago del Humo en vía urbana, permitiendo el tránsito de peatones y ciclistas; una actuación más en el diseminado, como otras ejecutadas en los últimos años, que busca mejorar la seguridad vial en el tramo comprendido entre el inicio de la urbanización y la Venta Blas. Además, se contempla la construcción de una glorieta a la altura del camino del Pozo del Juncal.
Sin embargo, en este proyecto se descarta incluir la red de agua potable ni prever el saneamiento. Lo denuncia la asociación vecinal Somos Pago, que ha hecho pública su profunda preocupación tras la reunión mantenida días atrás con responsables del equipo de Gobierno municipal.
Esta decisión se produce pese a que dicha entidad ha registrado en el Ayuntamiento un expediente técnico, jurídico y económico “de gran complejidad”, en el que se justificaba de forma detallada la viabilidad de integrar dichas infraestructuras en el proyecto actual.
El documento incluía propuestas concretas de modificación del proyecto, análisis de costes, posibles vías de financiación pública y la recomendación expresa de reservar el corredor de servicios y preinstalaciones necesarias para un futuro sistema de saneamiento.
Además, la iniciativa ha estado respaldada por 1.303 firmas y acompañada de una batería de solicitudes de información pública sobre inversiones, padrón, recaudación del IBI, parque edificatorio, estado del acuífero y aguas subterráneas, así como la petición de copia íntegra del convenio de 2005 (entre la Junta y el Ayuntamiento) y del expediente completo del proyecto de carretera y su licitación desistida el pasado otoño.
PROBLEMA ECONÓMICO, SANITARIO Y AMBIENTAL
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Somos Pago repasa que la propia trayectoria administrativa de este proyecto “demuestra que la integración de la red de agua es técnica y administrativamente posible”. La obra fue licitada inicialmente a finales del pasado septiembre, pero el procedimiento fue desistido en octubre por errores técnicos, “lo que abría una oportunidad clara para corregir el expediente”.
Además, en diciembre el propio Ayuntamiento anunció la instalación de oficio de tuberías de agua y saneamiento en la zona como servicios generales, y en febrero de 2026 el pleno aprobó por unanimidad instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento del convenio del agua.
“Sin embargo, la decisión trasladada ahora por el Gobierno de José María Román es ejecutar la carretera sin incorporar dichas infraestructuras”, se lamenta; y se incide en que desde el punto de vista económico “esta decisión contradice los propios objetivos del proyecto, que se justifica en la reducción de costes de mantenimiento”, ya que “supone asumir el riesgo de tener que reabrir la carretera en el futuro, generando un sobrecoste evitable para las arcas públicas”.
No obstante, para esta asociación el problema más grave es el sanitario y ambiental: “mantener la situación actual implica seguir dependiendo de pozos y fosas sépticas, con el consiguiente riesgo de contaminación del acuífero y afección directa a la salubridad de miles de vecinos” con casas ilegales.
“HAY URGENCIA ELECTORAL PARA LO QUE SE VE”
A juicio del colectivo, existe una evidente aceleración para ejecutar la parte visible de esta obra (la carretera, el acerado y el carril bici) mientras se vuelve a dejar fuera lo esencial: el agua, el saneamiento y la planificación de infraestructuras básicas. “Se quiere llegar con la carretera terminada al final del mandato, en el horizonte de las elecciones de 2027, aunque ello suponga dejar sin resolver el problema estructural del abastecimiento de agua y la contaminación del acuífero”, se sospecha.
Así, Somos Pago insiste en que el mensaje que se traslada desde PSOE e IU es claro: “hay urgencia para lo que se ve, pero no para lo que garantiza la salud y la dignidad de los vecinos. Se prioriza el acabado exterior frente a la infraestructura básica”.
O lo que es lo mismo, “se está apostando por terminar el escaparate de la carretera antes de las elecciones, mientras se vuelve a aplazar lo que realmente importa: el acceso al agua potable, la protección del acuífero y una planificación coherente del saneamiento”.
Finalmente, esta entidad vecinal afirma que, sin perjuicio de la actuación que corresponde impulsar al Ayuntamiento como parte firmante e interesada en el convenio de hace dos décadas, también ha trasladado formalmente esta situación a la Junta y ha solicitado una reunión con la Secretaría General del Agua, “con el fin de exigir el cumplimiento del convenio vigente y una solución estructural para el Pago del Humo”.
