Adelante Izquierda Gaditana ha calificado de “inasumibles” las condiciones económicas de las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) que se levantan en la zona de Los Chinchorros, en Cádiz, haciéndose eco del testimonio de una familia inscrita en el registro municipal de demandantes que, pese a contar con dos nóminas estables, ha tenido que rechazar uno de estos pisos por la imposibilidad de asumir los pagos exigidos, empezando por un desembolso inicial de 74.000 euros en apenas 17 meses.
“Lo que estamos viendo en Cádiz es una perversión absoluta del concepto de vivienda protegida. No puede ser que una VPO funcione en la práctica como una vivienda de mercado libre, con exigencias económicas que expulsan a las familias con ingresos medios y bajos”, ha lamentado la portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández.
Esta edil ha puesto en entredicho así la política de vivienda del PP tanto en el Consistorio, como en la Junta de Andalucía por “por ampliar el límite de ingresos para acceder a vivienda protegida, y la posibilidad de que pasen a régimen de renta libre en tan solo siete años”.
Frente a estas críticas, la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha aclarado que las 55 viviendas protegidas en régimen de venta a precio limitado a las que se refiere la oposición están promovidas por el Grupo Q, “una empresa privada, que es la que marca las condiciones de la compra”. Y que la empresa municipal Procasa “lo único que hace es facilitarle el listado de personas del registro municipal que reúnen los requisitos para poder acceder a estas viviendas protegidas”.
“LA OPERACIÓN LA CERRÓ KICHI”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta política del PP añade que “se trata de un suelo que no es municipal enmarcado en una operación que además se cerró con José María González ‘Kichi’ como alcalde de la ciudad”, en febrero de 2023, y entonces ya se anunció que saldrían a la venta en régimen de precio limitado, por lo que podrían optar a su compra familias con ingresos máximos de 5,5 veces el IPREM.
Por otro lado, Sanjuán precisa que en esta zona de extramuros hay varias parcelas que son de carácter privado donde se construyen viviendas, salvo una que es municipal donde actualmente Procasa está levantando 28 viviendas protegidas en régimen de alquiler social.
Así, esta representante del Gobierno de Bruno García lamenta la “demagogia” de Adelante Izquierda Gaditana: “parece que se le ha olvidado que la operación de Los Chinchorros fue cerrada por ellos mismos, sin que además promovieran apenas 63 viviendas protegidas en la ciudad durante sus ocho años de gobierno”.
Por el contrario, la derecha aprovecha para vender por enésima vez que en el actual mandato está desarrollando desde Procasa “un conjunto amplio y diverso de promociones de vivienda en régimen de alquiler social asequible, reflejando así nuestro compromiso firme con el acceso a la vivienda en Cádiz”. Eso sí, una gran parte de estas actuaciones, las más avanzadas, son proyectos heredados del Ejecutivo izquierdista de Kichi.
En definitiva, la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa pide a los representantes de AIG que dejen “de mentir y engañar a los gaditanos con declaraciones y críticas hacia este equipo de Gobierno que no se ajustan a la realidad y que solo intentan confundir a la ciudadanía”.
Aunque a decir verdad, en la última denuncia de Adelante en ningún momento se afirma que dicha promoción sea municipal. Se alerta de una situación y se exige a la Junta un cambio urgente en las políticas de vivienda “para garantizar que las VPO cumplan su función social y sean verdaderamente accesibles”. Al alcalde se le cuestiona por “mirar hacia otro lado y permitir este tipo de prácticas (por parte de promotores privados) sin exigir condiciones justas ni intervenir en defensa del interés general”.
