El lunes comenzaba a funcionar, al fin, el centro de salud de Los Gallos, en Chiclana, pero sigue siendo noticia. El alcalde, José María Román, que se felicitaba por ello a principios de semana, ha comparecido este jueves para mostrar su preocupación por la situación en la que se encuentran los trámites para la adquisición por parte de la Junta de Andalucía de dicho edificio, levantado por la administración local.
En este sentido, la Junta ha suspendido a última hora “por motivos de agenda” la reunión prevista para este mismo jueves del alcalde, el secretario general y el interventor del Ayuntamiento, así como la jefa del Departamento Municipal de Contratación con la delegada territorial de Salud y técnicos de la Junta para concretar dichos trámites, de cara a la adquisición del edificio por parte de la Dirección General de Patrimonio de la consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se recuerda que a principios de junio de 2016 se firmó un protocolo general de actuación entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Ayuntamiento, a través del cual el Consistorio ejecutaba las obras pendientes en este problemático equipamiento de cara a su puesta en funcionamiento por parte de la administración autonómica. Dicho protocolo tenía un plazo de dos años, que se prorrogó por una anualidad más, es decir, hasta el 6 de junio del presente año 2019. Asimismo, en diciembre de 2018 desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta se requería al Ayuntamiento la documentación necesaria para iniciar el procedimiento de adquisición por contratación directa del inmueble, cuestión que se produce el 8 de febrero, concluyendo el expediente tras el acuerdo plenario del 28 de marzo.
Por otro lado, en relación al reintegro de la subvención concedida por el SAS al Ayuntamiento para la ejecución del centro de salud y que fue reclamada en 2014 tras incumplimiento del convenio por parte de la administración municipal (en ese momento con gobierno liderado por el PP), se apunta que existe de plazo hasta el 26 de septiembre para la devolución de esos casi 1,5 millones de euros, “pese a que se presentó un recurso de reposición y se solicitó la suspensión cautelar”.
“Esta misma mañana se debería haber celebrado la reunión en la sede de la Delegación Territorial de Salud en Cádiz, pero ayer a última hora de la mañana se nos trasladó por parte de la secretaria de la delegada de Salud la anulación del encuentro por motivos de agenda”, ha indicado el alcalde, quien ha aclarado que “hay dos fechas claves en este 2019, por un lado el 6 de junio, día en el que vence el Protocolo firmado para la ejecución y venta del centro de salud, y el 26 de septiembre, plazo en el que se debe abonar al SAS la subvención reclamada en 2014”.
LA JUNTA DEBE PAGAR UNOS 3 MILLONES, Y EL AYUNTAMIENTO DEVOLVER 1,5
“Estamos preocupados porque hay elecciones el 26 de mayo y la nueva Corporación se constituye el 15 de junio, es decir, nueve días después de que venza el protocolo firmado con el SAS para la terminación y venta del inmueble. Además, debemos tener en cuenta que desde el 26 de mayo el Gobierno municipal está en funciones y, por tanto, no hay labor ejecutiva del Ayuntamiento”, ha apuntado el alcalde, quien ha añadido que, “por ello, esto debe aclararse antes de las elecciones municipales”.
“La reunión prevista no era una reunión política, sino administrativa, de ahí que yo fuera acompañado por el secretario general, el interventor y la jefa del Servicio de Contratación”, ha recalcado.
El primer edil del PSOE ha remitido una carta al gerente del SAS para solicitar esta reunión sin obtener respuesta alguna, así como a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y a la responsable territorial de Salud. “La única respuesta fue por parte de Paredes, que nos citó para hoy, pero ayer a última hora anuló la reunión”, ha vuelto a lamentar Román.
“No se puede argumentar que estamos en elecciones, porque ni Ayuntamiento ni Junta de Andalucía están en elecciones, solo el Gobierno de España”, ha insistido. “Tenemos una obligación mutua, tanto administrativa como política, de resolver este asunto, porque hasta ahora tenemos una cesión de uso al SAS de un inmueble de propiedad municipal y esa cesión provisional se tiene que transformar en la compra-venta al SAS por un valor aproximado de unos 3 millones de euros, que se deberá pagar al Ayuntamiento, independientemente de que tengamos que pagar ese casi 1,5 millones del incumplimiento del convenio en 2014”, ha explicado.
“Si esto no se resuelve antes del 6 de junio, desaparece el protocolo y nos quedamos todos en fuera de juego. Por tanto, es urgente que se produzca la reunión y se busque una solución al protocolo y al reintegro de la subvención prevista antes del 26 de septiembre”, ha incidido el alcalde socialista, quien ha aclarado que “tanto Mestre como Paredes son conocedoras de esta situación, puesto que así se lo he trasladado personalmente a cada una de ellas”.
“Espero que esta llamada de atención sirva para que el Gobierno de la Junta tome conciencia de que este asunto es importante para el SAS, para el Ayuntamiento y para la ciudadanía en general”, ha concluido.
