El pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Chiclana, entre otros puntos, ha aprobado de forma inicial la ordenanza municipal reguladora de los procedimientos administrativos de regularización de edificaciones existentes y del procedimiento de la declaración de situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), así como las correspondientes modificaciones de las ordenanzas fiscales números 30 y 34. En el año 2014 ya se aprobó una ordenanza anterior sobre los AFO, pero hoy se encuentra desfasada.
Dichas medidas que tienen como objetivo “mejorar la calidad de vida” de las personas que tienen viviendas ilegales en el diseminado, “ya que podrán acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, así como mejorar el medio ambiente”, se remarca desde el Gobierno local de PSOE-IU, que ha contado con el respaldo del PP, no así de la ultraderecha.
Durante el pleno, el concejal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, ha precisado que “una de las novedades que presenta es la adaptación de la propia normativa de AFO a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y a su Reglamento”. Asimismo, “aquellas edificaciones levantadas hace muchos años pueden asimilarse a las que tienen licencia, aunque no la tuviesen en su momento. Hablamos de viviendas ejecutadas, o bien antes de 1975 o bien antes de 1990. Y otra gran novedad es que el AFO no solo se podrá otorgar para aquellas viviendas en suelo no urbanizable, tal y como sucedía con la anterior ordenanza, sino que ahora podrá otorgarse para aquellas en suelo rústico y urbano”.
Por otro lado, dicha ordenanza también contempla la tramitación de oficio por parte del Ayuntamiento, “por lo que este puede instarle al propietario a hacerlo. Y si transcurrido seis meses no hiciese nada al respecto, será el propio Consistorio el que se encargue de hacer la tramitación, lo cual lleva consigo un recargo del 20% al precio de la tramitación ordinaria para el propietario”, ha aclarado este edil del PSOE.
Además, anteriormente el coste de la edificación era en el momento de tramitar la petición de AFO, y ahora es el que hubiese tenido en el momento de la construcción, hasta como máximo el año 2010, momento en el que aparece por primera vez el concepto de AFO en el Reglamento de Disciplina Urbanística.
“NO HAY EXCUSA PARA AL MENOS 1.300 VIVIENDAS ILEGALES”
Por su parte, según la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde José María Román ha recalcado que “estamos hablando de una ordenanza lo más sencilla posible, que pretende que una vivienda con más de seis años y sin carga urbanística alguna pueda acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado”.
“A diferencia del proceso de regularización, aquí solo se pretende dotar de servicios básicos, lo que implicará un coste mucho más económico; por si fuera poco, se puede fraccionar el pago hasta un máximo de ocho años (aunque para ello es necesario que la deuda tenga un importe mínimo de 3.000 euros), por lo que no hay excusa para al menos esas 1.300 viviendas que tienen los servicios a pie de calle, se acojan”, ha apostillado Román.
ADELANTE LA ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO
En este mismo pleno de julio, con el voto a favor de PSOE, PP e IU y la abstención de Vox, también se ha aprobado el expediente relativo a la aprobación de costes del servicio de transporte urbano colectivo, previo a la licitación de dicho servicio. Esta estructura de costes incluye “todos los números necesarios para sacar con garantías un contrato de tal magnitud”, que desde hace años explota la empresa chiclanera Belizón y Rodríguez.
Por otro lado, también con la abstención de la ultraderecha, se ha dado luz verde a la adhesión a la red internacional de Ciudades que caminan; y a una nueva modificación de créditos del presupuesto 2024, a través de la cual se destinará 49.500 euros para la implantación de la tarjeta monedero municipal: se firmará un convenio con Cruz Roja para que se pueda atender a aquellas familias chiclaneras sin menor a su cargo, que no son atendidas actualmente por las tarjetas monedero del Estado (que suplen al modelo de reparto de alimentos anterior).
