CARTA AL DIRECTOR enviada por: Enrique López Felipe, de San Fernando
Las declaraciones gubernamentales, en especial del presidente del Gobierno, sobre los acontecimientos bélicos que se desarrollan en Oriente Medio están provocando reacciones, ya sea a favor o en contra, por parte de políticos y de la ciudadanía. Estas declaraciones son acciones de política exterior en tanto que afectan a las relaciones de España con otros actores de la escena internacional.
Seguramente, el argumento más potente para su respaldo es que, entre otras cuestiones, en ellas se apela al derecho internacional, en particular al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Un aspecto, a mi juicio, de importancia capital que se soslaya es el de si estas acciones de política exterior quedan razonablemente amparadas por el marco legal vigente.
A tenor del art. 97 de la Constitución, compete al Gobierno la dirección de la política exterior. La misma aseveración se contiene en la Ley 50/1997 del Gobierno (art. 1) y en la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (art. 6). Por lo tanto, la legitimidad del Gobierno en está materia no admite duda legal alguna.
Sin embargo, hay que traer a colación que el Tratado de la Unión Europea prevé que “la política exterior la definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán pronunciarse por unanimidad salvo cuando los Tratados dispongan otra cosa La política exterior será ejecutada por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y por los Estados miembros, de conformidad con los Tratados”.
Además, el TUE prescribe que los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política exterior de la Unión, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua y respetarán la acción de la Unión en este ámbito.
No debe olvidarse que nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido reiteradamente que las normas del ordenamiento comunitario tienen primacía sobre las disposiciones internas.
Por tanto, creo que hay fundamentos jurídicos para considerar que las opiniones vertidas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en sus declaraciones institucionales, aceptables a nivel personal, distorsionan la exigida unidad de acción de la Unión Europea y por tanto socavan el TUE.
Si bien es respetable estar en contra del ataque de EEUU e Israel a Irán, y también lo contrario, estimo que lo obligado y sensato hubiera sido que el Gobierno su hubiera atenido al TUE y buscado una postura coordinada con el resto de los socios comunitarios, salvo que se esté actuando por motivos espurios a los intereses nacionales. DIARIO Bahía de Cádiz
