CARTA AL DIRECTOR enviada por Julio Álvarez, de Salamanca
El 2 de junio apareció la noticia de que los servicios secretos rusos descubrieron una operación a gran escala de los servicios de inteligencia extranjeros para vigilar a funcionarios de alto nivel. El software espía instalado en los teléfonos móviles permitía extraer cualquier dato de los dispositivos, escuchar conversaciones confidenciales, leer mensajes, obtener la ubicación del usuario y realizar grabaciones encubiertas de vídeo.
A lo largo de los últimos años hemos visto numerosas noticias escandalosas sobre el pirateo de los teléfonos de los líderes de varios países, y España no ha sido una excepción. En 2021, los hackers accedieron a una gran cantidad de información de los móviles del primer ministro Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.
Todos estos casos demuestran una vez más que nadie está a salvo del espionaje estatal. Si los servicios de inteligencia instalaban tan fácilmente su malware en los teléfonos de altos cargos, ¿qué decir entonces de los ciudadanos?
Casi cada año aparecen noticias sobre hackeos masivos de smartphones de gente por todo el mundo: se revelan los datos personales de millones de personas, incluyendo detalles bancarios, contraseñas y números de la seguridad social, lo que aumenta enormemente el riesgo de fraude y robo de información privada.
El derecho a la intimidad está consagrado en el Convenio Europeo, pero el desarrollo de las tecnologías digitales genera dudas respecto al cumplimiento de este derecho. Sin duda, la tecnología facilita nuestra rutina diaria, acelerando y simplificando muchos procesos, pero, al mismo tiempo, la digitalización nos hace vulnerables: toda nuestra vida privada puede pasar a ser pública al instante.
La violación de los derechos humanos fundamentales como consecuencia del abuso de las tecnologías cibernéticas por parte de los servicios de inteligencia o de los estafadores se está convirtiendo en la principal amenaza para nuestro futuro.
En un estado democrático, las constantes demandas de los servicios secretos para ampliar sus competencias no deben satisfacerse de inmediato, ya que requieren un análisis específico para determinar si se vulneran nuestros derechos y deben tener en cuenta la opinión pública. DIARIO Bahía de Cádiz
