El PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz ha pedido que se analicen las “posibles responsabilidades jurídicas” que puedan derivarse de los hechos descritos en la auditoría operativa que se acaba de dar a conocer en el comité ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz, ahora con delegada del Estado socialista, aunque al parecer el anterior delegado Alfonso Pozuelo, del PP, tenía el documento en su poder desde el año pasado.
Según ha desvelado Radio Cádiz, el Consorcio ha acumulado pérdidas de 60 millones de euros (una media de 12 anuales) de dinero público desde 2013 a 2017 (periodo que coincide con dos delegado del Estado colocados por el Gobierno popular) gracias a una gestión con “deficiencias procedimentales, incumplimientos normativos, debilidades del control interno, y falta de transparencia y publicidad”. Así lo apuntaría esta auditoría de la Intervención General del Estado. “Se viene a ratificar el desastre del PP al frente del Consorcio. Una gestión nefasta que ha perjudicado gravemente al ente y también a nuestra ciudad”, sentencia el portavoz municipal socialista, Fran González.
“A la ocultación de esta información, se une la grave situación financiera en la que el PP dejó a la Zona Franca y que se describe en esta auditoría”, insiste este partido de la oposición en el Ayuntamiento, que añade que “ante la gravedad de los hechos, exigimos a Jorge Ramos, delegado entre 2013 y 2017, periodo al que hace referencia al documento, que dé la cara y explique por qué bajo su gestión se produjeron pérdidas de más de 60 millones”.
Del mismo modo, se insta a Pozuelo, quien relevó a Ramos en el cargo, “que exponga públicamente los motivos por los cuales ocultó esta auditoría, que no fue informada al comité ejecutivo, no tiene registro de entrada, y cuyas alegaciones tampoco pasaron por el registro de salida. Tuvo muchas oportunidades para contar la situación que refleja el documento con el fin de poner soluciones, pero parece que le interesó más tapar la mala gestión de su partido”.
“Los socialistas llevamos años denunciando la mala gestión del Consorcio por parte del Partido Popular. Esta auditoría viene a confirmar la falta de control, el oscurantismo, la ausencia de planes estratégicos, el mal uso de los préstamos Reindus, o los incumplimientos normativos que han perjudicado tanto a la Zona Franca”, se denuncia.
Fran González apunta finalmente en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “afortunadamente, la nueva dirección del ente ha cambiado el rumbo y está tomando medidas para solventar esta situación”. La Zona Franca, ahora con Victoria Rodríguez al frente, exconcejala del PSOE, “debe ser un motor económico y de generación de empleo y en eso se están enfocando todos los esfuerzos”, defiende.
Por su lado, el Gobierno local de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común no ha difundido una reacción oficial a la información, pero el alcalde, que además es presidente de la Zona Franca, José María González ‘Kichi’, se ha desahogado al respecto en su cuenta de twitter: “mientras esto ocurría, la exalcaldesa de Cádiz y el actual candidato nos vendían milongas como la Plataforma Logística del Sur de Europa o la creación de 5.000 puestos de trabajo. Cuando en realidad el PP estaba hundiendo y destruyendo el tejido industrial de la ciudad”.
IA PIDE QUE LA ZONA FRANCA “ENTRE EN EL SIGLO XXI”
Al hilo de la información, Izquierda Andalucista ha expresado “su más enérgica condena” a la gestión “ruinosa” de los delegados del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos y Alfonso Pozuelo.
José David Sánchez, hace unos años en el PA, ahora en esta formación que se ha unido a la coalición Adelante Andalucía, liderada por Podemos e IU, exige “la creación inmediata de una comisión de investigación al más alto nivel y con representación de todas las fuerzas políticas, que analice en detalle lo ocurrido durante los años de gobierno popular en Zona Franca desde 2012, de manera que se depuren todas las responsabilidades y llegado el caso, pueda ponerse en manos de la Fiscalía el resultado de esa investigación a la mayor brevedad, por si hubiera sido constitutiva de delito”.
“Lamentablemente, si esto ocurre, se han dejado contratado un seguro para, como en los casos ya conocidos de Fedriani, Osuna o Romaní, pagarse encima su defensa legal y que hasta eso les salga gratis”, añade Sánchez de Medina.
Para Izquierda Andalucista, “es hora ya de que la Zona Franca entre en el siglo XXI, adapte sus estatutos preconstitucionales a la nueva realidad plurinacional del Estado español y su gestión deje de recaer en manos de los peores, de aquellos que ni quieren ni pueden hacer algo útil por esta tierra”.
