En apoyo a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, en Madrid, en Cádiz su plaza del Palillero acogió en la tarde-noche del domingo una cena colectiva y asamblea convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para recalcar que “frente a los fondos de inversión y quienes hacen negocio con nuestras casas, la respuesta pasa por organizarse y ocupar las calles”; concentración (“y lo que surja”) que se repetía, con más músculo, en la tarde-noche de este lunes como presión al Gobierno de España y sus socios de cara al llamado Decreto Maricarmen que tiene previsto aprobar el martes.
Los convocantes dejan claro que no aceptarán un decreto que “vuelva a dejar a las familias a merced de los intereses de los especuladores”. E inciden en que el mediático desahucio de Maricarmen (de 87 años de edad y tras casi toda la vida en la misma casa, sin dejar de pagar el alquiler), “no es un caso aislado: es lo que le puede pasar a cualquier inquilina de Cádiz mientras la vivienda siga siendo un negocio”.
“Estamos cansados del rentismo, y que nuestro trabajo solo sirva para enriquecer a nuestros caseros. Y también de la especulación, de los fondos buitres, de la presión que ejerce el turismo en la vivienda y de no poder vivir en nuestros barrios”, apuntaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, María Peñalver, ante las alrededor de 300 personas congregadas en el Palillero.
“Estamos hartos, y lo estamos demostrando aquí, en Sol, en Málaga, en Sevilla. Esto es solo el principio, el poder popular ha despertado, hemos despertado y vamos a seguir luchando”, apostillaba.
Junto con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz exige al Gobierno de PSOE y Sumar la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo decreto para intervenir en la selva del mercado de la vivienda incluyendo contratos indefinidos para las personas inquilinas; y se insiste en que, si los rentistas siguen teniendo la última palabra sobre quién puede quedarse en su casa, “será un decreto farsa”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este colectivo remarca que la cuestión clave en estos momentos es la inclusión de los contratos indefinidos: “esta medida es imprescindible. Es la garantía de que no vuelva a haber una Maricarmen más y de que ninguna persona quede desprotegida cuando finalizan los contratos”.
Este decreto que negocia el Ejecutivo de Pedro Sánchez a última hora con sus socios (desde Esquerra, Bildu o Podemos, al PNV y Junts) contemplaría además “la congelación del precio de los alquileres, acabar con la estafa del alquiler de habitaciones y alquiler de temporada, y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional”.
“SI NO HAY DECRETO MARICARMEN, ESTE GOBIERNO DEJA DE TENER SENTIDO”
El Sindicato de Inquilinas repite que si el actual Gobierno de coalición progresista decide no aprobar este Real Decreto Maricarmen, “este gobierno dejará de tener sentido”.
“Los desahucios y la inseguridad residencial son una realidad a la que potencialmente pueden enfrentarse amplias capas sociales de Cádiz, especialmente ante la escalada de los precios del alquiler y de la vivienda. Lo ocurrido (en Madrid) con Maricarmen no puede entenderse como un caso aislado, sino como la expresión de un problema estructural que exige una respuesta política inmediata”, apostilla la organización convocante.
Así, llamó a los vecinos a concentrarse este lunes en la capital gaditana para reclamar la aprobación de este decreto, “y canalizar un hartazgo de quienes no pueden pagar el alquiler, de quienes viven con miedo a no poder renovar su contrato y de quienes están cansados de que la vivienda sea un negocio mientras nuestras vidas quedan en segundo plano”. Porque “lo de Maricarmen no es un caso aislado. Es el reflejo de una crisis de vivienda que nos afecta a todos”.
‘LA CONSULTA’ RESPALDA LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA VIVIENDA
Por su lado, el grupo promotor que trabaja para obligar al Ayuntamiento de Cádiz a convocar una consulta popular municipal para revertir la turistificación en la ciudad (ya tiene en marcha la recogida de firmas), quiere traslada públicamente su apoyo “a la acampada de Sol, y a las personas y colectivos que están reivindicando el derecho a una vivienda digna y accesible”.
Esta movimiento (integrado por personas vinculadas a Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Justicia Social, Alternativa Republicana y Recortes Cero) considera que las reivindicaciones que están poniendo la vivienda en el centro del debate público “señalando a los fondos buitres como parte de la trama especulativa”, tienen una relación directa “con la lucha que estamos desarrollando en Cádiz frente a la especulación turística y la transformación de la vivienda en un ‘activo destinado prioritariamente a generar rentabilidad económica’”.
“La vivienda es un derecho básico, no una mercancía más. En una ciudad como Cádiz, donde cada vez resulta más difícil para muchos acceder a una vivienda y permanecer en sus barrios, es necesario abordar las causas que están agravando esta situación y reclamar políticas que sitúen el derecho a vivir en la ciudad por delante de los intereses especulativos”, se defiende. Así, poner freno a la especulación sea turística o ejercida directamente por fondos de inversión “debe tener límites para garantizar algo tan básico como el derecho a vivir aquí”.
Insisten los promotores de esta consulta popular en que la proliferación de casas destinadas al alquiler turístico “forma parte de una problemática más amplia que afecta al acceso a la vivienda, al precio de los alquileres y a la posibilidad que la ciudadanía pueda desarrollar su proyecto de vida en Cádiz”. Por eso, “es la gente, la que vive el día a día estas problemáticas, la debe poder decidir también sobre el modelo de ciudad que quiere”.
En este sentido, el grupo promotor de ‘La Consulta’ confirma que participará en cualquier acción, movilización o iniciativa que se desarrolle en la ciudad sobre vivienda, “ya que la lucha contra la turistificación y contra la especulación inmobiliaria no puede entenderse como una cuestión aislada”.
