El subdelegado del Gobierno central en Cádiz, José Pacheco, ha celebrado una reunión con representantes del Ayuntamiento de la capital para abordar la situación de las personas inquilinas de las viviendas de la Dirección General de la Policía, en la ciudad, que se encuentran en diferentes fases de procesos de desahucio administrativo.
“A todos nos une un objetivo común y es que nadie se quede en la calle; los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir la Ley y no provocar agravios comparativos con aquellos policías que acataron la normativa y entregaron su vivienda cuando dejaron de formar parte del Cuerpo”, ha subrayado Pacheco.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, tanto desde Subdelegación como desde el Consistorio, han estado presentes en este encuentro la concejala de Vivienda, Eva Tubío, y los portavoces municipales de PP, Juan José Ortiz y de PSOE, Mara Rodríguez, y miembros de Cs, representados en Sebastián Alba y José Antonio García.
El subdelegado ha aclarado a los presentes que este controvertido proceso se había iniciado el febrero de 2018 por tres motivos: la solicitud de información de sindicatos y plantillas policiales acerca de la ocupación y el título habilitantes con respecto a 48 viviendas policiales de un total de 1.692 en todo el país; la necesidad de rehabilitar las viviendas para lo cual se ha hecho un plan de mejora de infraestructuras; y la necesidad de dar respuesta a funcionarios que necesitan una vivienda por traslado.
A partir de ese momento, la División económica y técnica de la subdirección general de logística e innovación iniciaba un procedimiento de aviso para la desocupación de las mencionadas viviendas, comunicando a los afectados la obligación de abandonarlas. Los expedientes se iniciaron por provincias, y en Cádiz comenzó a notificarse el pasado mes de marzo.
La base jurídica por la cual el Gobierno de entonces basó su iniciativa son las Normas para la asignación, uso y desalojamiento de los pabellones de las Fuerzas de la Policía Armada publicadas en la Orden General número 25 de agosto de 1968, aún en vigor. La décima norma especifica que: “terminara el uso del pabellón asignado y, en consecuencia, se procederá el desalojamiento en el caso de: retiro forzoso por edad, traslado, pase al Ejército y fallecimiento del usuario”.
En el caso de la ciudad de Cádiz, el problema en cuestión afecta a siete viviendas de las cuales: tres están ocupadas por policías jubilados y cuatro por hijos o personal sin ascendencias sobre los agentes ocupantes iniciales.
José Pacheco se ha comprometido con los políticos municipales a elevar las conclusiones de la reunión a la Dirección General de Policía, a estudiar los casos de manera individualizada y buscar respuesta a aquellos en los que se determine que haya un problema social. En este sentido, solicitará al Ayuntamiento información de cada familia con el fin de determinar aquellas que no tengan soluciones habitacionales alternativas.
TUBÍO INSTA A BUSCAR UNA “SOLUCIÓN ALTERNATIVA” AL DESAHUCIO
En el encuentro, el subdelegado también se ha comprometido a recibir a las familias afectadas “ya que hasta la fecha aún no lo ha hecho”, para que “puedan transmitirles las situaciones personales que atraviesan por este proceso administrativo abierto”. Así, la edil de Vivienda ha reprochado al Gobierno central la “falta de previsión y tacto” a la hora de abordar esta situación “pues si bien corresponde a una directriz dada por la Dirección General del a Policía a nivel nacional, es necesario conocer cada caso para elegir la mejor forma de actuar”.
Así, en la reunión, Tubío ha informado que desde la empresa municipal de vivienda, Procasa, “se ha puesto a disposición de los afectados todos los recursos municipales de mediación y asesoramiento de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, especialmente para aquellas familias en las situaciones de vulnerabilidad, como las de personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificulta el acceso a otra vivienda”. Y ha matizado que “en este conflicto habrá que discriminar los casos de necesidad con otros que puedan existir en los que las personas requeridas tengan otra situación más favorable, por ejemplo, otras propiedades”.
Desde el Ayuntamiento, se ha solicitado Pacheco que “paralicen los trámites administrativos, dentro del margen de acción que la legalidad vigente permita, a fin de que las personas afectadas puedan tener más tiempo para buscar una solución alternativa a su situación de vivienda”. Y en esta línea, se ha pedido que “estudien la posibilidad de concertar con aquellas familias que están viviendo en los pabellones afectados un contrato de arrendamiento o cualquier otra opción que les permita una permanencia transitoria en los mismos que les facilite el traslado, en su caso, a otra vivienda alternativa”.
