El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz ha exigido explicaciones al PP tras enterarse “a través de la prensa” de que el concejal José Blas Fernández encargó, como presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, un informe de 14.500 euros, dentro de sus excusas para no firmar los últimos convenios que activarían de una vez el bono social eléctrico. Al respecto, hace apenas unos días numerosos colectivos han entregado 3.500 firmas al principal partido de la oposición para que obligue a este edil a desbloquear esta iniciativa, aprobada en pleno y en el consejo de administración de la empresa mixta, en el contexto de otras medidas de presión que están llevando a cabo.
“Nos parece intolerable que hiciera un gasto así sin consultar siquiera, eligiendo a dedo la empresa a la que se le otorgaba y con el único fin de tumbar el bono social gaditano que ha sido aprobado a través del pleno municipal”, sostienen desde el bipartito formado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común.
Ambos partidos, además, según señalan en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, quieren que los populares aclaren “qué criterios tomaron a la hora de elegir la empresa Cuatrecasas, la cual según la misma información publicada, mantiene vínculos con el PP de Madrid, incluso su estudio se usa en el marco de la Operación Lezo (sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, en la comunidad de Madrid)”, afirman.
Además, subrayan que dicho informe, lejos de “corroborar los intereses particulares de Blas Fernández”, sólo sirvió para confirmar que “la Fundación Eléctrica de Cádiz está prácticamente inactiva y que en los últimos ejercicios no ha presentado planes de actividades, inventarios ni cuentas anuales, por lo que puede estar incumpliendo las obligaciones contables de la fundación a nivel estatal y autonómico”. Por tanto, este veterano edil conservador, “se encuentra de forma irregular al frente de la Fundación”, insisten.
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento gaditano lamenta que “mientras 3.500 personas firman para que el PP desbloquee el bono social y los colectivos sociales de la ciudad se concentran en el Palillero, se gastan 14.500 euros en un informe para impedir que la energía se convierta en un derecho y una limosna”.
Por último, piden a la derecha local que “piense un poco antes de derrochar dinero público, pues con esa cantidad se podría haber asegurado el acceso a la energía a unas 50 familias gaditanas”. La activación del bono social de Eléctrica de Cádiz beneficiará a más de 2.000 familias vulnerables de la capital.
