La eternizada rehabilitación integral del Cerro del Moro, en Cádiz, una intervención que se remonta a la década de los 90 del siglo pasado, avanza con la construcción de la conocida como séptima fase, obra que supera el 62% de ejecución (acumulando ya retrasos con respecto a los plazos iniciales) y “encara su recta final”, según la Junta de Andalucía.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la renombrada consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, tras años con la operación paralizada y el correspondiente rifirrafe político estéril, inició estos trabajos a finales de 2024, adjudicados a la UTE Soluciona Obras y Servicios (de Granada) y Lirola Ingeniería y Obras (de Almería), por casi 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución máximo de 18 meses.
O sea, haciendo cuentas, esta promoción de 67 viviendas protegidas en arrendamiento, destinadas a las familias de la octava fase (que implica la demolición del último bloque del viejo barrio), debían estar listas para su entrega desde este verano recién finiquitado.
Entretanto, la mayoría de vecinos beneficiarios continúa esperando con pisos en condiciones precarias, y con sensaciones agridulces, ya que se les obliga a pasar de ser propietarios a inquilinos. De hecho, la AVRA confirma en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que continúa con la adquisición de estas antiguas viviendas y ya ha formalizado la mitad de las compraventas previstas. El valor de tasación de estos pisos, muchos en estado ruinoso, se sitúa entre unos 34.000 y 38.600 euros, dependiendo de su superficie.
La renta mensual del alquiler en la futura promoción, para quienes aporten las cantidades que reciban por sus actuales casas a derruir, oscilará entre 87 y 172 euros, dependiendo de la superficie. Para quienes no se acojan a esta opción, el alquiler mensual se fijará entre 144 y 229 euros.
UN BLOQUE DE CINCO ALTURAS Y VIVIENDAS SOSTENIBLES
“Las viviendas públicas que estamos construyendo responden a los estándares actuales de calidad, accesibilidad y eficiencia energética. Queremos que estas familias no solo estrenen una vivienda nueva, sino que puedan disfrutar de hogares más confortables y con un menor consumo energético”, apostilla la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.
El edificio de esta séptima fase, de cinco alturas más planta baja, estará formado por 12 viviendas de dos dormitorios, 44 de tres y 11 de cuatro habitaciones. La fase se completa con 49 aparcamientos, 25 trasteros y un local. Será una promoción de viviendas sostenibles equipadas con las instalaciones necesarias para garantizar su eficiencia energética conforme a la normativa vigente.
Estará compuesto por seis portales de acceso, cada uno de ellos dotados de ascensor accesible, y un patio interior. La cubierta será accesible y estará destinada para el tendido de ropa, estando también prevista en la misma la instalación de paneles fotovoltaicos. Entre otras prestaciones del edificio, destaca el sistema de protección contra incendios y contra intrusiones, así como el de pararrayos.
Se levanta en un solar anexo a la sexta fase (parcela que ocupaban los edificios demolidos en 2020), dando continuidad al conjunto edificatorio y sobre una superficie de unos 6.556 metros cuadrados construidos sobre rasante y 1.763 m2 construidos en sótano.
MÁS DE TRES DÉCADAS “TRANSFORMANDO” UN BARRIO
Esta operación en el Cerro del Moro se completará con la octava fase, que prevé la adquisición total (en marcha) y demolición del último edificio en pie a desalojar.
De este modo, el coste total para ejecutar las dos fases, la séptima y la octava, se estima en 10,9 millones, financiados principalmente con fondos europeos y estatales. El Ayuntamiento, por su parte, se ha encargado de la agilización de los trámites urbanísticos previos a la licitación.
La barriada del Cerro del Moro surgió entre finales de los años 50 y comienzos de los 60 para alojar provisionalmente a familias que residían en chabolas y barracones levantados en esta zona de extramuros. La precariedad de aquellas edificaciones, que terminaron convirtiéndose en residencia permanente, llevó a iniciar en 1990 un plan para remodelar íntegramente el barrio.
Las tres primeras fases fueron ejecutadas por el Ayuntamiento, con la construcción de 296 viviendas, mientras que la Junta desarrolló posteriormente otras tres fases, en las que promovió 174 viviendas.
Todo quedó paralizado desde 2006, en la antesala de la crisis-estafa, hasta que por fin logró reactivarse en 2023 el remate de esta demorada intervención integral (con intervención incluso del Defensor del Pueblo Andaluz) con la búsqueda de financiación y la tramitación urbanística necesaria para construir esta séptima fase y abordar en los próximos meses/años la desaparición de los últimos edificios antiguos.
