Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz exige la apertura del correspondiente expediente encaminado a la resolución “inmediata” del contrato con la Federación Andaluza de Vela, adjudicataria del servicio de las actividades náuticas y deportivas del centro Náutico Elcano. Sus trabajadores aquí vuelven a sufrir el impago de nóminas: “continúan con el mismo problema”, la “falta de liquidez” de esta federación y la “ausencia de respuesta” del Instituto Municipal de Deportes.
Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz exige la apertura del correspondiente expediente encaminado a la resolución “inmediata” del contrato con la Federación Andaluza de Vela (FAV), adjudicataria del servicio de las actividades náuticas y deportivas del centro Náutico Elcano.
Una vez más se vuelve a denunciar que estos trabajadores de la FAV “continúan con el mismo problema”, la “falta de liquidez” de esta federación y la “ausencia de respuesta” del Instituto Municipal de Deportes (IMD).
Este colectivo, en la actualidad, tiene un retraso en el abono de parte de la nómina de octubre y la de noviembre en su totalidad, “y sin visos de que la empresa les vaya a abonar los salarios del mes de diciembre y la paga correspondiente”, se denuncia en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Lamentablemente –señalan desde Autonomía Obrera- el tiempo nos vuelve a dar la razón; si ya manifestamos el peligro para este colectivo de que se le otorgase el servicio a la FAV, la cual con anterioridad, en época del PP, se beneficiaba de un convenio de colaboración pero que tras informe de la intervención municipal se finalizó, nos encontramos tanto con la falta de liquidez de ellos, como con la ausencia de respuesta política y técnica para solventar dicha situación”.
Por todo ello, este sindicato reclama al Ayuntamiento una auditoría administrativa, abriéndose la correspondiente investigación “para comprobar en base a qué informes se le otorgó dicha concesión a esta federación, ya que la legislación vigente es clara al respecto, la ley de contrato del sector publico en su artículo 60 prohíbe contratar a empresas con sanciones impuestas y firmes”. Al margen de esta premisa, la FAV “tenía que haber entregado en declaración jurada de estar libres de dudas y delitos y presentar documentos e informes de solvencia económica”.
Autonomía Obrera evidencia que en este corto espacio de tiempo, poco más de seis meses –desde el cambio de Gobierno en el Consistorio-, la FAV “sigue siendo dependiente de la solvencia económica del IMD”, que “lógicamente incurriría en irregularidades si beneficiara a una empresa en el pago del contrato que mantiene en detrimento del resto”. “O sea, papel político y técnico muy complicado del IMD, algo que tendrán que solventar, pero mientras tanto, son los trabajadores los que están padeciendo a esta empresa chapucera y a la falta de acción del IMD”, se sentencia.
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