El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en los centros educativos públicos de Cádiz (y en el resto de Andalucía) ha secundado una jornada de huelga este miércoles 13, en la recta final de la campaña electoral del 17-M, para denunciar la precariedad ya estructural de sus condiciones laborales, y a la vez el deterioro que sufre en la provincia la atención del alumnado con necesidades específicas. Aunque la incidencia real ha sido relativa, debido a los servicios mínimos del 95%, impuestos por el Gobierno andaluz.
“Supone en la realidad casi un 100% por lo que se está impidiendo el derecho a la huelga”, han evidenciado desde Por Andalucía, incidiendo que “el impedimento que ha hecho la Junta con los PTIS viene encaminado por una cuestión, porque está obligando a que haya una persona en cada centro para garantizar el servicio”; lo que a la vez demuestra que “no hay más de un profesional por centro, cuando hay centros que necesitan de apoyo educativo y que se cumplan con la obligación de los derechos de inclusión”.
En esta protesta, alentada por partidos como la coalición Por Andalucía, PSOE (que ha afeado un modelo que solo genera “condiciones laborales pobrísimas y una precariedad insostenible”) y Adelante Andalucía, se ha recalcado que más allá de las precarias condiciones laborales que arrastra desde hace 15 años este colectivo externalizado (que en la provincia suma más de 300 trabajadores, mayoritariamente mujeres), se está comprometiendo el derecho a una educación inclusiva y de calidad.
Por ello, se hace un llamamiento a la Junta para que atienda de manera urgente las demandas y abra un proceso de negociación real.
La huelga, que en Cádiz se ha visibilizado con una marcha en la capital entre la plaza Mina y la cercana delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta, se plantea como “una respuesta necesaria ante la falta de avances, y como una defensa tanto de los derechos laborales de los trabajadores del sector como también del sistema educativo público”.
MOTIVOS Y RECLAMACIONES
Entre los principales motivos del paro, recogidos por CCOO en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, destacan las jornadas parciales y contratos discontinuos, “que generan inseguridad económica y dificultan la conciliación”; así como la falta de reconocimiento profesional y el mantenimiento de un modelo basado en la privatización del servicio, “que precariza el empleo y reduce la calidad de la atención”.
Además, se alerta del progresivo deterioro de los recursos destinados a la atención a la diversidad, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo y en un impacto directo sobre el alumnado más vulnerable. En este sentido, se lamenta que las políticas actuales del Gobierno de Moreno Bonilla suponen “menos recursos y más exclusión en el sistema educativo público andaluz”.
Así, estos trabajadores reclaman igualdad de condiciones laborales y salariales, equiparándose a las PTIS de la Junta de Andalucía; contrataciones a jornada completa durante el curso escolar completo; reversión a lo público del servicio externalizado; reconocimiento de su labor educativa y refuerzo de plantillas, así como el cumplimiento íntegro de sus derechos por parte de las empresas.
Para garantizar el cumplimiento de estas exigencias, CCOO demanda a la Agencia Pública Andaluza de Empleo (APAE) que “vele, mediante una vigilancia férrea, por garantizar los derechos de las personas trabajadoras y por el cumplimiento en su totalidad del convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”.
