UGT, que asume la presidencia en el comité de empresa de Valoriza, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras de Cádiz, dejaba caer el martes que se planteará a la plantilla el inicio de movilizaciones y una posible convocatoria de huelga ante “el abandono y el desprecio” que asegura que se está sufriendo “después de más de 16 meses de negociaciones del convenio colectivo sin avances, sin soluciones y sin voluntad real de desbloquearlo”.
Un día después, la sección sindical de CSIF dentro de la misma contrata ha rechazado públicamente “la actitud de una parte del comité”, por emitir un comunicado “hablando en nombre de la plantilla, sin haberla consultado ni informado”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, CSIF tacha de “lamentable” que el resto de sindicatos haya decidido manifestar su postura a la opinión pública “antes que a los propios trabajadores. Nos parece oscuro y confuso que los trabajadores se tengan que enterar de estas posturas a través de los medios de comunicación”.
En este punto, se recuerda que, hace año y medio, en una asamblea “vigilada por cámaras de la empresa y controlada por la presencia de mandos intermedios”, se pidió la dimisión de “un comité que no estaba representando los intereses de los trabajadores”.
Sin embargo, obviando la exigencia de la asamblea, el comité de empresa “decidió iniciar reuniones con la empresa, presentando una plataforma para negociar el convenio colectivo, sin haberla consensuado con la plantilla”. Esta actitud motivó que CSIF, siendo el sindicato con más apoyo entre la plantilla tras las últimas elecciones sindicales, se abstuviera de incluirse en dicha negociación, y por tanto, no participando en la misma.
SE RECLAMA LA PARTICIPACIÓN DE “TODO EL PERSONAL”
Ahora se denuncia que el comité, sin contar con la parte de CSIF, ha convocado para este viernes 15 la asamblea para abordar esos posibles paros, “de modo que no está permitiendo que el personal de fin de semana reciba esa información de manera oficial”.
Esta situación, se subraya, “deja a cerca de un tercio de la plantilla a expensas de la voluntad del resto de compañeros para poder acudir y participar en la toma de una decisión tan importante”.
“Trabajar en un nuevo convenio colectivo es fundamental para la plantilla, pero la negociación debe contar con la participación de todo el personal, no solo una parte, y por tanto, con todas las garantías democráticas que debe tener un proceso como este”, sentencia CSIF, que además lamenta que el concejal de Medio Ambiente, Carlos Lucero, “se lave las manos ante todo este asunto”, pues el Ayuntamiento, como la parte contratante, “debe fiscalizar que la concesionaria acate lo establecido en el propio pliego”.
ADELANTE PIDE RESCINDIR EL CONTRATO “SI CONTINÚAN LOS INCUMPLIMIENTOS”
A colación de la amenaza de huelga de basuras, desde Adelante Izquierda Gaditana se habla de “situación insostenible”, al tiempo que se acusa al alcalde Bruno García de “regalar millones de dinero público a una empresa que incumple el pliego de condiciones, maltrata a su plantilla y mantiene la ciudad cada vez más sucia”. De hecho, resalta la revisión de precios aprobada a finales de año: “cerca de 2 millones de euros más para la concesionaria que no ha tenido ninguna repercusión positiva”.
Así, el portavoz municipal izquierdista, David de la Cruz, considera “inexplicable” que el equipo de Gobierno del PP continúe aumentando el coste del contrato de limpieza cuando “la ciudad está peor, la plantilla está peor y el servicio cuesta cada vez más caro”.
Y en este punto, critica “la pasividad absoluta” del alcalde ante los reiterados incumplimientos de la contrata: “lo rápido que fue a hacerse la foto junto a nuevos contenedores de basura contrasta con lo que está tardando en exigirle a la empresa que cumpla el pliego de condiciones”. De hecho, “siguen faltando recursos básicos comprometidos en el contrato, como uniformes dignos, maquinaria, vehículos y materiales”.
Por ello, AIG exige al Ayuntamiento que actúe “de manera inmediata” ante los incumplimientos de Valoriza, y reclama que “el contrato se rescinda si la concesionaria continúa deteriorando el servicio y las condiciones laborales de la plantilla”.
EL PSOE APUNTA A “LA NULA FISCALIZACIÓN DE BRUNO GARCÍA”
Por su parte, para el PSOE esta situación es la consecuencia directa de la “falta de gestión y la nula fiscalización” por parte del Gobierno popular de un contrato que es el de mayor relevancia de cuantos gestiona el Consistorio gaditano.
“No es de recibo que el Ayuntamiento ya esté abonando ese incremento aprobado meses atrás, que supone unos 165.000 euros adicionales al mes y que, sin embargo, la parte de esa cuantía que corresponde a la actualización de los salarios no se esté dedicando a tal fin”, denuncia el portavoz municipal socialista, Óscar Torres.
Al respecto, el principal partido de la oposición considera que “si se fiscalizase correctamente, las propias cláusulas del pliego determinan los procedimientos y cuantías para estas actualizaciones, por lo que el conflicto actual evidencia una dejadez total por parte del equipo de Gobierno”, que “como ocurre en otros servicios externalizados, opta por ponerse del lado de la empresa y de espaldas a los trabajadores”.
“Bruno García no puede ser un simple espectador ante 16 meses de negociaciones para actualizar el convenio colectivo y un conflicto la laboral que él mismo ha alimentado por no hacer cumplir lo firmado”, apostilla Torres, exigiendo al Ejecutivo municipal a “ejercer la autoridad que le confiere el contrato para garantizar que la empresa cumpla”.
