El Gobierno local de Bruno García ha hecho balance del “esfuerzo” que realiza el Ayuntamiento de Cádiz para atender a las familias más vulnerables de la ciudad, poniendo el acento en que tres de cada cuatro euros de las ayudas sociales concedidas en lo que va de 2026 (siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores) se han destinado a cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, como el pago del alquiler, las hipotecas o los alojamientos alternativos de urgencia.
En ese sentido, desde Asuntos Sociales ha distribuido en esta primera mitad de año un total de 5.791 ayudas económicas por más de 2,2 millones de euros, de las que se han beneficiado 1.134 familias.
De ese gasto total, un 77% (alrededor de 1,7 millones) se ha destinado a prestaciones relacionadas con la vivienda. En concreto, el Ayuntamiento ha concedido cerca de 1,5 millones de euros para ayudas al alquiler, una línea que permite cubrir en los casos de mayor vulnerabilidad hasta el 90% de la renta; 27.527 euros para facilitar el acceso a una nueva vivienda; 109.794 euros para el pago de hipotecas; y 151.269 euros para alojamientos alternativos de urgencia.
En este punto, se recalca que este porcentaje “de inversión en vivienda” por parte de Asuntos Sociales se mantiene en niveles similares a los registrados desde 2023, reflejando que esta continúa siendo la principal necesidad de las familias que recurren a los servicios sociales municipales. Y no es difícil intuir que en mandatos anteriores ocurría lo mismo.
A estas ayudas se suman otras prestaciones destinadas a garantizar las condiciones básicas de los hogares. Así, en lo que va de año el Consistorio gaditano ha destinado 32.712 euros al pago de recibos de agua, 34.718 euros para costear facturas de la luz y 80.642 euros en ayudas económicas familiares.
“DETRÁS DE CADA EXPEDIENTE HAY PERSONAS”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde Bruno García repasa que el presupuesto municipal contempla cada año una partida de 4 millones de euros para estas ayudas sociales, aunque si las necesidades así lo requieren, “el Ayuntamiento realizará las modificaciones presupuestarias necesarias para que ninguna familia que cumpla los requisitos deje de recibir el apoyo que necesita”.
A la vez, el primer edil del PP reconoce y agradece el trabajo que desarrolla la concejalía de Asuntos Sociales y sus profesionales, destacando que su labor va mucho más allá de la tramitación de ayudas económicas: “detrás de cada expediente hay personas y familias que atraviesan situaciones difíciles y que reciben un acompañamiento para ayudarles a superar esa situación de vulnerabilidad y avanzar hacia una mayor autonomía”.
EL PSOE HABLA DE “NEFASTA GESTIÓN”
Sin embargo, la otra cara de estas ayudas es la que exponen desde el principal partido de la oposición. Hace apenas unos días alertaba de la “nefasta gestión” que Asuntos Sociales está realizando con las ayudas al alquiler.
En concreto, el PSOE denunciaba las “continuas incidencias” en el pago de las ayudas económicas complementarias, mediante las cuales el Ayuntamiento paga directamente un porcentaje de la renta a los propietarios que tienen contratos con inquilinos que perciben esta ayuda municipal al alquiler.
Así, el concejal José Ramón Ortega lamentaba que el Ayuntamiento, “en lugar de facilitar los trámites y mantener una comunicación fluida con los propietarios que deciden poner sus viviendas a disposición de gaditanos, se convierte en una traba”.
“Si el Ayuntamiento no es capaz de mantener una comunicación directa con los propietarios o inquilinos para avisar ante alguna modificación y directamente deja de pagar -subrayaba Ortega-, lo único que consigue es que cada vez menos propietarios confíen en el Ayuntamiento y quieran poner sus viviendas en alquiler”, e incluso dándose casos de amenazas de desahucio por impago.
Para el PSOE, “con el gravísimo problema de acceso a la vivienda y de alquiler que sufrimos en Cádiz, no nos podemos permitir el lujo de ahuyentar a los propietarios que deciden poner sus viviendas en alquiler”.













