La delegación territorial de Salud de la Junta ha mostrado su “sorpresa e indignación” por la reacción del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, a raíz de la reciente firma de la resolución por la que se autoriza al Consistorio a la clausura definitiva del cementerio de San José. La derecha entiende que en base a una misma normativa, en el mandato anterior el Gobierno regional no autorizaba este paso. Salud replica que el Ejecutivo local precedente “no resolvió los procesos, de competencia exclusivamente municipal, para garantizar los derechos derivados de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía”. Y se añade que “en lugar de a trabajar, se dedicó a mentir descaradamente a las asociaciones y a la opinión pública”.
La delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Cádiz ha mostrado su “sorpresa e indignación” por la reacción del PP en el Ayuntamiento de la capital, a raíz de la reciente firma de la resolución por la que se autoriza al Consistorio a la clausura definitiva del cementerio de San José, un proceso que se iniciaba en 1992.
Desde el ahora principal partido de la oposición se entiende que la anterior delegada territorial de Salud rechazaba este paso –al Gobierno local precedente, de los populares- en base a una normativa que es la misma que ahora se aplica para este trámite. “Si el único cambio que se ha producido para variar el criterio legal utilizado es el color político del alcalde es un asunto muy grave”, han dejado caer señalando a los socialistas.
“Fue el equipo de Gobierno anterior el que, bien por desidia, bien por que la memoria democrática no está entre sus prioridades, no movió un dedo para que se desbloqueara la situación”, le replican al portavoz conservador, Ignacio Romaní, desde la Junta.
Efectivamente, el Decreto 95/2001 de 3 de abril sobre Policía Sanitaria Mortuoria sigue siendo el mismo; “lo que Romaní, a sabiendas, obvia, es que en virtud de dicha normativa el Ayuntamiento con el PP al frente no resolvió los procesos, de competencia exclusivamente municipal, para garantizar los derechos derivados de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía”, se aclara desde la delegación territorial en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Esto es un hecho que bien conocen los colectivos de Memoria Histórica y SOS Bebés Robados, a los que el entonces equipo municipal intentó llevar a confusión y fue esta delegación, tanto a través de sus técnicos, como de los delegados entonces en el cargo, los que atendieron rigurosa y verazmente sus dudas e inquietudes”, se apostilla.
En este sentido, se insiste en que no sólo Miriam Alconchel, sino también su predecesor, Ángel Acuña, y el actual delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, “han tenido que dar explicaciones a los citados colectivos sobre la actitud de bloqueo del Ayuntamiento, dado que desde el 31 de octubre de 2013, se estaba esperando, a requerimiento de esta delegación y a través de un escrito a la entonces alcaldesa, Teófila Martínez, a que el Consistorio resolviera la totalidad de las alegaciones y solicitudes de exhumación”.
Los citados requerimientos, acordes, como se ha dicho a normativa, “han sido iguales para el anterior equipo de Gobierno como para el actual”. Aquel al que pertenecía Romaní, “en lugar de a trabajar, se dedicó a mentir descaradamente a las asociaciones y a la opinión pública sobre el papel de la Junta en este proceso, en un ejercicio de sectarismo político que sólo hacía dañar la profesionalidad de los técnicos autonómicos, que se limitaban a hacer su trabajo aplicando estrictamente la normativa”, se subraya.
Y se sentencia desde la Junta que la resolución firmada ahora por Herrera “dependía, además” de los trámites anteriormente mencionados, a la atención de una serie de plazos y demás procesos preceptuados por el reglamento autonómico de Policía Sanitaria Mortuoria. Asimismo, la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta ha constatado que los trabajos de localización y exhumación de fosas se acometen en coordinación con la consejería de Cultura y en estricto cumplimiento de lo ordenado por la normativa de memoria histórica y protocolos de trabajo de aplicación.
Finalmente se recuerda que la clausura definitiva del cementerio de San José “es responsabilidad municipal”; con la firma de esta semana ha culminado el proceso por parte de la Junta de Andalucía, “este es, resolver la autorización para que el Ayuntamiento, a partir de ahora acometa lo que es de su competencia”.
LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA
Paralelamente, el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, ha anunciado que la última Junta de Gobierno Local ha aprobado trasladar a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta una petición para declarar Lugar de Memoria Histórica a este camposanto, que en el futuro se convertirá en parque público.
Si se acepta, se convertiría así en el tercer Lugar de Memoria Histórica señalizado en la ciudad de Cádiz, junto con el foso de Puertas de Tierra y el castillo de San Sebastián.
“Por razones obvias, consideramos que San José, donde hay fosas comunes con ajusticiados y asesinados por los golpistas del 18 de julio de 1936, tiene que tener también esta consideración”, ha argumentado el edil izquierdista.
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