La consejería de Educación y Familias de la Junta de Andalucía asevera que colaborará “en todo lo necesario para garantizar el derecho a la educación” del alumnado de la Institución Provincial Gaditana, otro colegio público de Cádiz que verá echar el cierre, de cara al nuevo curso. “Si la Diputación no desea renovar el convenio, es esta institución la que debe explicar por qué, ya que la gestión de la IPG le corresponde a la misma”, se agrega.
Son apreciaciones de la delegación territorial de Educación tras hacerse público en los últimos días la no continuidad de la cesión del edificio que alberga la Institución (que para más inri, desde hace años viene arrastrando problemas de falta de mantenimiento y de escasa demanda); según la versión de la Diputación gaditana, la Fundación Aramburu Moreno de Mora (en manos del Obispado), está reclamando desde marzo de 2019 estos suelos, de su propiedad y conveniados en tiempos del franquismo, para desarrollar “un proyecto renovado al servicio de la infancia y la juventud”. Aunque un portavoz de dicha fundación ha manifestado públicamente que no es cierto que haya tomado la decisión de extinguir el convenio, es más, asegura que ha sido la propia Diputación la que ha desestimado la continuación del mismo.
Entre este cruce de declaraciones, con la asociación de padres de alumnos (AMPA), la comunidad escolar del centro y sindicatos como CGT y Ustea exigiendo explicaciones y lamentando que se cierre otro colegio público en la capital, y el Ayuntamiento planteándose acciones legales; la Junta ha emitido una nota “apoyando el sostenimiento del centro en el marco de un convenio con la Diputación desde los años 60 y seguiría apoyándolo”. “La Diputación es quien ha dado el paso para el cierre de la IPG, comunicando a la comunidad educativa que no continuará con la actividad”, se reitera.
Al respecto, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el delegado territorial de Educación, Miguel Andréu, se ha reunido ya con representantes de las familias afectadas por el cierre de la Institución y ha lanzado un mensaje de tranquilidad, puesto que para el próximo curso, “está garantizada la escolarización de sus hijos en centros sostenidos con fondos públicos del municipio, en los que existen suficientes plazas”.
Les ha instado a solicitar plaza en aquel/aquellos que sean de su interés (en la zona, solo hay ya centros privados-concertados), para posteriormente junto con el Servicio de Planificación de la delegación, “realizar un estudio de las demandas y poder así satisfacer las necesidades de la forma más ajustada”.
En cuanto al profesorado funcionario que actualmente presta sus servicios en la Institución Provincial Gaditana “será recolocado en otros centros escolares pertenecientes a la red de la Junta”.
Además, en relación con la posibilidad de que la Junta asuma la gestión de la Institución, “se dan dos factores que ni lo permiten ni lo aconsejan”, se trata de aclarar. En primer lugar, la IPG se asienta sobre un suelo y un edificio ajeno y de propiedad totalmente privada, que se cedió a la Diputación para que esta ubicase allí un centro educativo. “La existencia de un centro educativo en el marco de un convenio de cesión de suelo con una entidad privada, no se corresponde con los convenios que realiza la Junta para el establecimiento de centros educativos, ya que estos se basan fundamentalmente en la cesión de suelo municipal”.
Y en segundo lugar, y desde el punto de vista de la garantía del derecho a la educación de la que es responsable la administración autonómica, “la planificación educativa existente en el área de influencia de Cádiz capital –se subraya- garantiza la absorción de este alumnado en otros centros de gestión propia de la Junta”.
LA DIPUTACIÓN DESVELA UNA CARTA DEL OBISPO EN LA QUE PIDE RECUPERAR LOS SUELOS
Por su lado, desde la Diputación, el diputado provincial responsable de Desarrollo Social, Daniel Moreno –algunos ya piden su dimisión-, trata de defender el proceder de la institución provincial desvelando que el presidente de la Fundación Aramburu Moreno y obispo de Cádiz, Rafael Zornoza Boy, remitió a finales de marzo de 2019 a la presidenta de la Diputación una carta en la que pedía “recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación”. En ese escrito sostenía que “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra fundación no es ya compatible con el marco jurídico”.
En esta comunicación a la presidenta de la Diputación, el obispo le informa en su calidad de presidente de la Fundación, conforme a la ley vigente de fundaciones de la comunidad autónoma, sobre la transformación institucional y social de España desde la fecha en que se firmó el convenio original, que data de 1963; un cambio de “tal magnitud que los fundamentos de nuestra colaboración han quedado desvirtuados, acaso para ambas partes”, se argumenta en la carta.
Insistía Zornoza en que el mantenimiento de un centro público, como es la Institución Provincial Gaditana, en la finca propiedad de la fundación “no es compatible con el marco jurídico, que todos debemos salvaguardar y respetar, en el que se desenvuelven las libertades de educación y religiosa”. E informaba de que en el año 2000 el Patronato de la fundación propuso a la Diputación la actualización del convenio firmado, al ser “evidente que no se estaban cumpliendo las estipulaciones pactadas”. Entonces se solicitó una compensación económica que, aunque pactada, “no se venía percibiendo”. El obispo también expresa en el escrito que los contactos se interrumpieron en 2005 “por causas desconocidas”.
Aquella carta de hace 14 meses que la Diputación saca a la luz ahora solicita finalmente que: “concurriendo las causas de resolución previstas en el propio texto del convenio, debo decirle que el Patronato ha considerado la necesidad de emprender un proyecto renovado al servicio de la infancia y la juventud que permita cumplir con los fines de los fundadores. Este proyecto requiere recuperar a la brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación Provincial”.
Con este escrito en la mano, el diputado socialista Daniel Moreno –que ha sido el encargado de trasladar a los padres del colegio su inminente cierre- expresa su “desconcierto” ante las últimas declaraciones de portavoces de la Fundación Aramburu, que “no se corresponden con el contenido de esta carta del obispo, ni de posteriores comunicaciones escritas, ni del contenido de los contactos que se han mantenido con la fundación”.
“Las versiones de lo ocurrido de la fundación y la Diputación son absolutamente divergentes, y pueden conducir a la sospecha de que alguien no está diciendo la verdad”, apuntaba Ustea horas antes de conocerse la misiva de Zornoza. Sindicato que también pide una aclaración pública a la institución provincial sobre las acusaciones del AMPA de “no haber dicho la verdad” en su pasada reunión; y exige de la misma forma a la consejería de Educación que aclare si tiene constancia de todo lo ocurrido, “y que deje de lavarse las manos en todo lo concerniente a este centro educativo”.
