El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha decidido ampliar su investigación sobre la gestión en Aguas de Cádiz de Ignacio Romaní (todavía concejal del PP en el Ayuntamiento, e integrante de la candidatura popular a las elecciones municipales del 26-M, pero también se postuló hace menos de un mes a diputado en el Congreso, sin lograr el escaño) durante su etapa como presidente de dicha empresa municipal, coincidiendo con los últimos mandatos de Teófila Martínez.
La jueza ha dictado una resolución, a instancias de la fiscalía, por la que desestima la petición de sobreseimiento del caso presentada tanto Romaní (curiosamente, defendido por Juan José Ortiz, el candidato a la Alcaldía del PP) como del director de su tesis doctoral, Carlos Guillén.
Hace casi un año, el pasado junio, los cuatro representantes del Gobierno local (de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común) en el consejo de administración de Aguas de Cádiz y en su fundación, presentaron denuncia en el juzgado por el pago de 42.000 euros desde esta empresa municipal al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa dirigido por el profesor Guillén, entre 2011 y 2015, que en esos años también fue director de la tesis del popular Ignacio Romaní, entonces presidente de la sociedad. Se procedía de esta manera después de que el PSOE, por su lado, elevara los mismos hechos a la fiscalía.
Pocos días antes, Aguas de Cádiz abordaba el informe jurídico interno elaborado sobre este oscuro asunto, y que intuye hasta cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. A lo que se suma que la Universidad de Cádiz se desvinculó totalmente del supuesto trabajo que esta entidad liderada por Guillén hizo para Aguas de Cádiz años atrás, con Teófila Martínez todavía de alcaldesa, ofreciendo sus servicios utilizando en una carta el membrete de la UCA.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde, José María González ‘Kichi’, ha celebrado que se vaya a “conocer toda la verdad” en torno a este caso. “Nos alegramos de que la investigación siga adelante porque fuimos nosotros, el equipo de Gobierno, quienes denunciamos por la vía penal el pago injustificado de 42.000 euros de la empresa municipal a dicho Observatorio durante la etapa de la presidencia del actual concejal y número cuatro de la lista del PP de Cádiz para las municipales”.
“Y aún hoy el señor Romaní, que en sus últimos cuatro años como presidente de Aguas de Cádiz gastó hasta 55.000 euros en gastos de representación, no ha aclarado con qué fines efectuó ese pago con dinero público. Se trata, recalco, de dinero público, y si ha habido despilfarro del mismo y malversación, alguien debe ser condenado por ello”, añade el primer edil.
Asimismo, González Santos ha criticado “las burdas artimañas” con las que el PP, hoy principal partido de la oposición, intentó boicotear la investigación, en referencia a la inclusión del propio investigado, Ignacio Romaní, en la comisión de investigación para dilucidar la relación de la sociedad con el director de su tesis. “Pero a pesar de ello y de los insultos y mentiras lanzadas por los populares hacia el equipo de Gobierno, cumplimos con nuestro deber de denunciar en los juzgados”, insiste.
En este punto, ha vuelto a lamentar que el PSOE “se pusiera de perfil” en su momento en la votación del consejo de administración de Aguas de Cádiz, al abstenerse en la propuesta presentada para poner en conocimiento de la justicia el caso: “una vez más, el PSOE prefirió aliarse con el PP y evitar que prosperara la investigación, dejando totalmente a un lado su sentido de responsabilidad si es que alguna vez la tuvo”. Los socialistas optaron por elevar su denuncia al respecto en fiscalía, y entendieron que las críticas del bipartito al respecto por su proceder fueron “incomprensibles e injustas”.
