Consumida ya una semana de protesta, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) considera urgente encontrar una solución para Manuel Balber y Jesús Galván, encaramados en una grúa en la factoría de Navantia San Fernando desde el pasado miércoles 8 de abril para denunciar la existencia de listas negras en el metal de la Bahía, y su caso personal.
“Es comprensible que hayan llegado a tomar una medida tan radical”, subrayan desde la Apdha en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, que vuelve a apoyar las reivindicaciones de estos dos soldadores con cualificación y experiencia que solo piden poder trabajar en su tierra, en un momento en el que las empresas auxiliares donde entienden que están vetados desde hace años por su lucha sindical se benefician de la importante carga de trabajo de las tractoras Navantia y Dragados.
Al respecto, esta entidad remarca que si las contratas del sector “intentan suprimir y castigar la actividad sindical se trata de un atentado a un derecho fundamental de los trabajadores”.
“Pero la situación se prolonga y humanitariamente empieza a ser insostenible: sin luz, sin alimentación adecuada, soportando las inclemencias del tiempo. Manifestamos nuestra preocupación ante una posible desgracia que nadie desea”, alertan desde la Apdha.
La Asociación Pro Derechos Humanos termina admitiendo la existencia de negociaciones para poner fin a este conflicto, y al respecto reclama “que se tenga altura de miras y generosidad para llegar a ello, acabando con esta peligrosa situación inhumana”.
“HACER SINDICALISMO NO ES DELITO”
Tras semanas de recogida de firmas en una campaña promovida por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), reuniones con partidos y representantes institucionales (entre ellos los alcaldes de Cádiz, del PP, y Puerto Real, izquierdista; la de San Fernando, del PSOE, se ha negado a recibirlos), y varios días de acampada en el aparcamiento de los astilleros isleño para visibilizar esta problemática, Manolo y Jesús pasaron a atrincherarse en esta grúa en la antigua Bazán, tras la pancarta ‘No a las listas negra’.
Desde entonces han celebrado asambleas (incluso desde lo alto de la grúa vigilada intensamente por la seguridad privada de Navantia, con los compañeros abajo que están presionando también negándose a realizar horas extra), han recibido apoyos de diferentes puntos del Estado o la visita frustrada de la eurodiputada de Podemos Irene Montero.
Pero también se han encontrado con declaraciones controvertidas como las de la subdelegada del Gobierno de España, Blanca Flores, negando que “esté demostrada” la existencia de esas listas negra, y a la vez muy preocupada por conocer cómo estas dos personas se han colado en el recinto del astillero, más que por investigar esos presuntos vetos laborales.
Jesús y Manolo, hoy en situación de exclusión social, son soldadores cualificados con formación, experiencia, certificaciones y habilidades técnicas, pero desde hace años están vetados en la industria auxiliar en Cádiz, a raíz de su lucha sindical.
En el verano de 2020 fueron despedidos de una subcontrata de Navantia Puerto Real después de unas protestas en la que se reivindicaba carga de trabajo. Ambos acudieron a la justicia, y, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró nulos esos despidos por tratarse de “una represalia por sus acciones sindicales”.
A pesar del “momento histórico” de carga de trabajo para las empresas tractoras de Bahía, que además se ven “obligadas” a buscar profesionales fuera, seis años después de haber sido despedidos y cuatro de haberles dado la razón los tribunales, no han vuelto a trabajar en ninguna factoría gaditana ni en ningún taller.
Con esta acción desesperada solo buscan “una solución política y que se cumpla la Constitución”, cuando habla de derecho al trabajo digno. Y es que “hacer sindicalismo no es delito”, repiten una y otra vez.
