La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha denunciado los presuntos abusos policiales sufridos por una pareja en Cádiz en el marco del estado de alarma ante la crisis sanitaria del coronavirus. Solicitará al subdelegado del Gobierno, José Pacheco, una “investigación rigurosa” así como demanda al juzgado correspondiente que active el procedimiento de la denuncia presentada por los afectados ante una actuación policial “desproporcionada y humillante”.
Según el relato de la propia Apdha, los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de mayo (cuando el estricto confinamiento comenzaba ya a relajarse, permitiéndose incluso los paseos y el deporte). La Policía Nacional identificó a una mujer que caminaba por la calle para buscar a su pareja, un trabajador autónomo que estaba acondicionando la peluquería para reabrir.
Ante la “vulneración de las prohibiciones del estado de alarma”, los agentes, en lugar de requerirle que regresara a su domicilio o, en su caso, sancionarla, decidieron acompañarla a la peluquería. Allí se encontraron con su pareja y otra persona, trabajando en la adecuación del local para las nuevas circunstancias.
“Los vídeos de las cámaras de seguridad muestran que, una vez allí y sin que mediase ningún tipo de provocación ni ataque físico, los policías acometieron violentamente contra el propietario de la peluquería y su pareja”, aseveran desde la Apdha. Las imágenes, que están aportadas en sede judicial, “ponen de relieve una acción violenta por parte de la policía absolutamente desproporcionada e injustificable”. Es más, los hechos relatados por estas personas manifiestan también una serie de agresiones físicas posteriores, incluso en Comisaría. Finalmente, fueron acusados de resistencia grave a la autoridad y condenados de conformidad por este delito en un juicio rápido.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Apdha confirma que va a enviar la documentación al Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, para que abra una investigación sobre estos hechos “que resultan especialmente preocupantes”.
“Vamos a poner en conocimiento de la Subdelegación los hechos con todas las pruebas existentes (partes sanitarios, fotos, videos de las cámaras de seguridad, denuncia presentada por los afectados…) para que se habrán las investigaciones pertinentes y, de no ser estas satisfactorias, acudiremos al Defensor del Pueblo. Así mismo, apoyaremos a la víctima de los abusos en las instancias judiciales demandando que el juzgado correspondiente active el correspondiente procedimiento”, se apostilla.
“EXCESOS A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL”
“La provincia, a pesar de su situación económica y social, ha sido una de las más cumplidoras con las restricciones del estado de alarma. La restricción de derechos fundamentales que esta situación conllevaba ha sido asumida por la ciudadanía en aras de la salud pública. No obstante, esto no puede ser una patente de corso para que algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se excedan en las labores de control”, sostiene esta entidad.
Estos hechos, agrega, se enmarcan “en una campaña represiva en la que se identifican diferentes excesos a lo largo del territorio del Estado”. Así lo ha denunciado al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo la Plataforma Defender a Quien Defiende, a la que pertenece la Apdha, que ha documentado a través de las grabaciones de la ciudadanía “como agentes propinan bofetadas, agreden con armas reglamentarias o reducen de forma violenta y con insultos a personas que transitan por la vía pública”. El propio Defensor del Pueblo ha reconocido la recepción de numerosas quejas por los abusos de las autoridades durante estos meses de confinamiento.
“Un estado democrático y de derecho como la Constitución caracteriza a España no puede funcionar sin un adecuado control de quienes ostentan el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Debe exigirse el máximo interés de sus superiores y desde las autoridades judiciales para investigar este tipo de situaciones”, insisten desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
En este sentido, y en el caso concreto en Cádiz, se subraya que “nos parece lamentable que el sistema judicial, en lugar de proteger a la víctima, haya acabado condenándola sin que esta pudiera siquiera presentar los vídeos que ponen en evidencia que los hechos no ocurrieron como fueron denunciados por los agentes policiales y sentenciados en el juzgado”.
La Apha sentencia que “una sociedad democrática no puede consentir abusos policiales de ningún tipo puesto que conducen a una degradación de nuestro sistema de valores tanto por la represión y vulneración de derechos que suponen como por la pérdida de la necesaria confianza que debe mantenerse en los agentes de la autoridad”.
