La guardería municipal de El Puerto de Santa María tiene los días contados. El Ayuntamiento, ahora con gobierno de derechas, acaba de anunciar que no abre este año el periodo de matriculación para el curso 2020/2021. Se mantienen los pequeños que están ya anotados hasta que cumplan los tres años y pasen al segundo ciclo de Infantil, ya obligatorio. PSOE y Adelante, en la oposición, no han tardado en rechazar este “cerrojazo”.
La concejala de Servicios Sociales, Carmen Lara, sostiene que el Consistorio se ve “obligado” a tomar esta decisión “transitoria” con la idea de clausurar este servicio municipal el próximo curso, y es que “la administración local no tiene competencias en esta materia, que fueron trasladadas hace años a la Junta de Andalucía”. De hecho fue en 2009 concretamente cuando se traspasaron las competencias de los centros de Educación Infantil desde servicios sociales a la consejería de Educación.
A decir de esta edil del PP, la situación “se ha venido dilatando excesivamente en el tiempo durante años sin que se tomara ninguna decisión al respecto y no puede alargarse más, ya que el Ayuntamiento está teniendo serios problemas para afrontar el pago de nóminas y todos los gastos que genera la guardería, ya que la Intervención Municipal nos advierte de que se está utilizando el presupuesto en competencias impropias, cometiendo una irregularidad administrativa, lo que puede derivar en un problema de mayor envergadura, ya que no corresponde a un servicio de carácter obligatorio por lo que su realización no contribuye a la estabilidad presupuestaria ni a la sostenibilidad financiera”.
De este modo, se reitera en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que se mantendrá este año a los niños matriculados (26, que promocionarán de nivel de 1 año a 2 años) “para no causar trastornos ni a los menores ni a las familias”, pero derivará las matrículas de primer curso a los centros concertados de la Junta, “que además tienen plazas vacantes de sobra para ello”. “Bajo ningún concepto se perderán los puestos de trabajo de los profesionales que en este momento están asignados a la guardería, que serán reubicados cuando llegue el momento en otros departamentos municipales”, se añade.
Lara señala además que a lo largo de los últimos años la guardería ha recibido distintas inspecciones y denuncias “que obligan al Ayuntamiento a tomar una decisión contundente y sobre la que consta una orden de cierre desde diciembre del año 2017”.
El bipartito de PP y Cs apunta que si bien esta guardería municipal se abrió en Micaela Aramburu en 1985, hace ahora 35 años, cuando sólo existían otros dos centros infantiles en aquel momento en la ciudad, “para dar respuesta a las distintas necesidades de atención al menor como apoyo a las familias más desfavorecidas económica y socialmente, con una finalidad asistencial y educativa”; el espectro de la oferta “ha variado muchísimo en las últimas décadas, dando además cabida la Junta prioridad a las familias más vulnerables”.
Desde el Consistorio se aprovecha para repasar que durante el próximo curso escolar los portuenses, que buscan guarderías, pueden optar entre un total de 13 centros públicos o concertados; o sea, dos “completamente públicas” (La Caracola y La Sirenita) y once concertadas con plazas costeadas por la Junta, aparte de las privadas; “en una realidad donde además la natalidad ha descendido”, se agrega.
RECHAZO AL “CERROJAZO” DESDE PARTE DE LA OPOSICIÓN
PSOE y Adelante El Puerto se ha posicionado ya en contra del anuncio de cierre de la guardería municipal. “Es lamentable que en vez de mirar por las familias más necesitadas hayan priorizado la teoría del concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello, quien afirmó que regularizarla supondría un sobrecoste, la mejor opción es dejarla morir”, se quejan los socialistas.
El principal partido de la oposición, que exige una rectificación, entiende que “Beardo y Curro Martínez han comprado a Bello la solución fácil; y es que “el cierre no es la única opción que tiene este servicio, pero sí la solución de la derecha que representan PP y Cs, cerrar un servicio público para beneficio siempre de lo concertado”.
El portavoz municipal del PSOE, Ángel M. González reconoce que esta instalación municipal “no estaba registrada y desde 2007 se viene advirtiendo por parte de la Junta de esta situación”. No obstante, el gobierno andaluz “nunca llegó a cerrarla porque cumplía con todos los requisitos formales, excepto la inscripción”.
A finales del mandato anterior (con el PSOE en la Alcaldía) se inició el proceso de inscripción, indicando desde la Junta la necesidad de hacer un convenio, opción que implicaba la contratación de actividades extraescolares y aula matinal. Para realizar la contratación del personal necesario había que hacer una operación económica consistente en la modificación del plan de ajuste y posterior modificación presupuestaria.
“Pero si en un año no han sido capaces de elaborar un borrador de presupuestos, mucho trabajo parece éste, cuando puede justificar su cierre en que la Junta, gracias a los conciertos con guarderías privadas, tiene vacantes de sobra”, anota González, quien critica además la política de hechos consumados que el bipartito en minoría está desarrollando: “se nos convocó a una Junta de Portavoces para trasladar esta problemática, cuando ya tenían decidido echar el cierre”.
En el mismo sentido, Adelante El Puerto pide al Gobierno local que “no se lave las manos” y busque una solución para mantener abierto “un servicio público del que se benefician las personas con menos recursos económicos de nuestra ciudad”.
En palabras de la concejala Matilde Roselló, “una vez más vemos como PP y Cs, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento, prefieren dejar en manos privadas los recursos públicos sin mirar más allá del aspecto económico o pensar en las personas usuarias”.
“Además, la guardería municipal es la única guardería que se encuentra ubicada en el centro, un espacio de fácil acceso para las familias vulnerables que carecen de medio de transporte”, defienden desde la coalición de Podemos e IU, que no obvia trasladar “todo el apoyo y el reconocimiento a la plantilla de este servicio municipal, por su gran profesionalidad y buen hacer”.
Ante todo esto, desde Adelante se reitera en oponerse a esta medida, “y seguiremos trabajando en la defensa de lo público y defenderemos un modelo de ciudad en el que primen unos servicios públicos dignos y de calidad”.
“Con este paso se va a privatizar el servicio que ofrecíamos a miles de familias, que se traduce en precariedad o, simplemente, perderlo. La situación es que vivimos un momento donde se ha evidenciado la importancia de los ayuntamientos, su cercanía y que debemos de luchar por reforzarnos. No podemos debilitarnos dejando ir un servicio que asumíamos desde hace décadas. Un servicio que ha cumplido con creces y que, en los peores momentos de nuestra sociedad, ha dado la cara adaptándose y ayudando a miles de familias, y de esta manera se lo pagamos”, subraya por su lado el concejal de Unión Portuense, Javier Botella, en un artículo de opinión. En el mismo deja claro el actual Gobierno de PP y Cs no es el único responsable del cierre, “sería lo fácil, y más con las excusas baratas que ha dado”. Este problema “viene de largo, desde 2007, y nadie quiso darle solución en su momento”.
