La Abogacía General del Estado, pese a la postura en contra de la propia Subdelegación del Gobierno de Cádiz, ha optado por recurrir la sentencia favorable al proceso de remunicipalización de los servicios de playas en Cádiz.
En concreto, se pone en cuestión, como deseaba el PP en el Consistorio (con requerimiento incluido), el fallo conocido a principios de octubre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz desestimando el recurso que, bajo el mandato de los populares, interpuso la Subdelegación contra la municipalización de dichos servicios (limpieza de arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras; servicio de asistencia sanitaria y socorrismo; y limpieza y mantenimiento de vestuarios).
Días antes de hacerse público ese fallo, el bipartito de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común ya se temía lo peor (había instado al PSOE, ahora al frente de la Subdelegación, a que hiciera lo posible para retirar el recurso interpuesto por de la derecha usando esta misma institución) y es que a mediados de septiembre el Contencioso Administrativo número 1 sí tumbaba el rescate del servicio de limpieza de edificios públicos y el de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de Chiclana, ante una denuncia de la Subdelegación del Gobierno similar.
La sentencia que la Abogacía del Estado recurre “avala rotundamente que se siguieron todos los mecanismos que la legislación contempla en estos supuestos”, señalando literalmente que “el personal se integró de manera absolutamente correcta en la estructura de la empresa municipal Cádiz 2000”. Durante el largo proceso de municipalización de estos servicios públicos privatizados durante años, PP y Ciudadanos se mostraron siempre en contra de la gestión directa y pusieron todo tipo de obstáculos, mientras el PSOE sí votó a favor junto a los dos grupos del equipo de Gobierno; Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ que ya ha cuestionado el nuevo posicionamiento de los socialistas, ahora que tienen el control de la Subdelegación.
Al respecto, el actual subdelegado y exconcejal del PSOE, José Pacheco, defiende que acusarle de haber cambiado de opinión “es desconocer el funcionamiento de la Administración del Estado, lo que resulta un desconocimiento muy grave si realmente el equipo de Gobierno del Ayuntamiento está realizando esa acusación”.
Pacheco insiste que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz dio a la Abogacía su parecer contrario a recurrir dicha sentencia, “pero la Abogacía General del Estado tiene autonomía en un proceso ya iniciado”.
El subdelegado, se apostilla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “no ha cambiado de parecer, e incluso trasladó a la Abogacía del Estado su posición contraria a recurrir”. Sin embargo “el artículo 42 del Real Decreto 997/2003 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, indica que la interposición o preparación de recursos contra resoluciones judiciales se rige por lo que disponga la Abogacía General del Estado”.
De la misma manera, el PSOE local también se ha desmarcado del recurso de la Abogacía del Estado. De este modo, los socialistas mantienen su defensa del rescate de estos servicios, y aseveran que “han trabajando desde el principio para que el proceso se hiciera con todas las garantías, tanto para la ciudad como para los trabajadores”.
Por ello mismo, este partido de la oposición critica la actitud del alcalde de la agrupación de electores promovida por Podemos que “se ha apresurado a utilizar este asunto como arma arrojadiza contra el PSOE y sus representantes públicos”; y habla de la colaboración, dice, “han llevado a cabo en todo momento para sacar adelante el proceso de municipalización, un trabajo que está por encima del oportunismo y los intereses partidistas que el equipo de Gobierno parece que quiere obtener de este asunto difundiendo falsedades”.
Para la Abogacía del Estado, la sociedad Cádiz 2000 (hasta hace unos meses, únicamente se dedicaba a la explotación del Palacio de Congresos) asume unos servicios “sin capacidad para prestarlos”, “vulnera los límites de la contratación” (ha pasado de 6 a 105 trabajadores en plantilla) y no se respetan “los principios de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad”. Básicamente son los argumentos de la sentencia del Contencioso-Administrativo que pone en peligro la remunicipalización de servicios en Chiclana, cuyo Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
