El Ayuntamiento de Cádiz ha firmado con la Junta de Andalucía un convenio de colaboración para “coordinar y reforzar el control y el intercambio de información” sobre las problemáticas viviendas de uso turístico (VUT).
En concreto, se ha rubricado con la consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que ya semanas antes ha hecho lo propio con Sevilla, Málaga y Granada, otras ciudades que como la capital gaditana, cada una con sus particularidades, sufren el turismo de masas y en paralelo el cada vez más alto coste de la vivienda. Al respecto, la plataforma Cádiz Resiste hacía estos días un preocupante balance de la situación, alertando de que “2024 ha sido un año devastador para Cádiz con cifras récord de precio de vivienda y de turistificación”.
El convenio, en el plano teórico, tiene entre sus objetivos “el intercambio de información para garantizar las concretas exigencias territoriales y de compatibilidad urbanística, así como la comunicación de los incumplimientos detectados por el Ayuntamiento”. Con ello, “se mejorará la detección y actuación contra las viviendas que operan de manera clandestina”, se subraya en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. Este acuerdo recoge además la creación de una comisión de seguimiento del mismo compuesta por representantes de ambas administraciones.
Tras la escenificación de la firma, el alcalde Bruno García ha reiterado que este convenio “viene a formalizar por escrito lo que llevamos haciendo desde hace meses con la Junta y es la colaboración estrecha para el control de las viviendas con usos turísticos; la colaboración es mucho más eficaz para la ciudadanía que la confrontación”.
Como consecuencia de ello, el primer edil gaditano ha repetido, por enésima vez, que desde verano de 2023, cuando la derecha volvió a san Juan de Dios (el mismo PP que en el mandato anterior votó contra la modificación del Plan General para frenar la proliferación de VUT, una normativa que ahora presume de aplicar), se han producido 425 bajas de viviendas turísticas “en colaboración con la Junta”. Eso ha hecho que “por primera vez desde el año 2016, se ha bajado su número en la ciudad”. De este modo, 2024 se ha cerrado 2.423 VUT legales (inscritas en el registro de la Junta), frente a las 2.473 de junio de 2023.
“Estamos siendo y vamos a ser restrictivos en el tema de las viviendas turísticas”, ha incidido el alcalde. Para ello, apostilla que se han puesto en marcha otras medidas como las sanciones para las viviendas que operan incumpliendo las normas urbanísticas (de momento se han abierto una veintena de expedientes) y la aplicación para estos negocios de la tarifa de agua comercial-industrial por parte de la empresa municipal Aguas de Cádiz (como viene exigiendo la izquierda desde hace tiempo).
“QUEREMOS ASEGURAR QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA BENEFICIE A LOS RESIDENTES”
Por su lado, el consejero de Turismo ha señalado que este convenio “supone un compromiso con los residentes para velar por sus intereses, proteger sus derechos y asegurar que la actividad turística beneficie a su bienestar y a la sostenibilidad de las comunidades”.
“Queremos mitigar los posibles efectos no deseados de las VUT en aquellos municipios que según su modelo de ciudad, suponen un desequilibrio con el uso residencial o habitacional”, ha dicho.
Con ello, esta firma supone un “refuerzo de la colaboración” para alcanzar mayor coordinación en la actuación en el ámbito de las viviendas de uso turístico y facilitar el eficaz cumplimiento del decreto autonómico que permite a los ayuntamientos contar con una base legal para desarrollar con seguridad jurídica y en base a sus competencias urbanísticas los instrumentos que en su caso deseen para ordenar la oferta de viviendas de uso turístico.
“Así, seguimos ayudando a los ayuntamientos a regular la oferta, asegurando su calidad, mejorando la experiencia de los clientes y protegiendo los intereses de los residentes y turistas”, a decir de Arturo Bernal; el mismo que está en contra de la tasa turística (aunque él la llama “impuesto al turismo”) que reclaman diferentes sectores y colectivos desde las ciudades que más sufren el turismo de masas en Andalucía.
AIG PIDE “MEDIDAS CONTUNDENTES” Y MENOS “POSTUREO VACÍO”
Ante la firma de este convenio, el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, dice seguir esperando que el alcalde de Cádiz y la Junta anuncien “algún día” medidas “contundentes” contra la saturación turística y para limitar los alquileres, “en vez de un convenio de intercambio de información sobre viviendas de uso turístico que parece postureo vacío y que no supone ningún gran avance en la rebaja de la saturación turística que sufre Cádiz”.
A colación, De la Cruz recuerda el “constante boicot” que ha practicado el PP tanto desde la Junta de Moreno Bonilla como desde la oposición municipal (cuando era alcalde José María González ‘Kichi’) con las medidas de control de la burbuja turística que se han puesto en marcha en la ciudad en los últimos años; y en esta línea cita también la negativa constante de la derecha andaluza respecto a la tasa turística o a declarar la ciudad zona tensionada de vivienda, lo que permitiría limitar el precio de los alquileres en Cádiz.
“Con esta trayectoria de obstáculos y de rechazo a medidas para facilitar el acceso a la vivienda y controlar la especulación turística, es difícil creer en el PP en este asunto”, opinan desde la coalición de izquierdas.
En esta línea, De la Cruz se refiere a la visita del consejero de Turismo “en esta suerte de paseíto navideño” que lo ha traído a Cádiz a hacerse una foto con el alcalde.
“Ojalá que no visitaran la ciudad para una simple foto. Porque es necesaria una tasa turística para unos servicios públicos que puedan sostener la gran carga de visitantes que hacen uso de ellos y no contribuyen a sus sostenimiento, es necesaria una regulación más ambiciosa y eliminar vivienda turística para poner por encima el derecho al hogar frente a la especulación, y como ciudad necesitamos muchas más herramientas para actuar contra esta dinámica de presión turística porque nos estamos quedando sin barrios y porque la vivienda es un derecho fundamental”, sentencia.
“BRUNO GARCÍA ESTÁ AUMENTANDO LOS PROBLEMAS DE VIVIENDA”, PARA EL PSOE
De la misma manera, el concejal del PSOE José Ramón Ortega ha lamentado la “falta de compromiso” del equipo de Gobierno del PP con la vivienda en Cádiz, coincidiendo con esta visita de Arturo Bernal: “es inadmisible que, en un tema tan crucial para nuestra ciudad como la vivienda, el Ayuntamiento siga arrastrando los pies y demostrando una absoluta falta de interés y valentía política”.
“Bruno García no solo no toma medidas desde el ámbito local, sino que tampoco tiene el valor de exigir a la Junta que aplique la Ley Estatal de Vivienda para declarar Cádiz como zona tensionada, algo fundamental para controlar la subida de los alquileres que asfixia a los gaditanos”, incide este edil de la oposición; al tiempo que también repara en que no reclama la tasa turística a su Junta de Andalucía, “una medida que podría reportar importantes ingresos a la ciudad y que tendría un escenario idóneo para ser abordada durante la visita del consejero”.
Además, quien es secretario general del PSOE local anota que incluso medidas necesarias “que el PP intenta ahora apropiarse”, como que las viviendas turísticas paguen el agua al precio comercial, “son en realidad propuestas planteadas por nosotros, y que el PP no se atrevió a rechazar”.
En cuanto a la construcción de nuevas viviendas, Ortega ha subrayado que el actual Gobierno gaditano “no ha proyectado ni una sola promoción, mientras que las 100 viviendas que aun están por iniciarse son proyectos del anterior equipo de Gobierno”. Además, ha señalado que la ciudad continúa perdiendo población, “un problema que se agravó durante los años de gobierno del PP con Teófila Martínez, cuando Cádiz perdió 35.000 habitantes en 20 años, y que ahora parece seguir en la misma dirección”.
