Empleados públicos han mostrado su disconformidad con la política de recortes y de falta de negociación de las diferentes administraciones públicas en la concentración convocada por CSIF, CCOO y UGT ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz; protesta que se ha repetido en el resto de capitales andaluzas. Los tres sindicatos que componen la Mesa de Negociación Común reivindican la recuperación de “todos los derechos recortados” en su sector por la crisis-estafa.
Empleados públicos han mostrado en la mañana del martes día 15 su disconformidad con la política de recortes y de falta de negociación de las diferentes administraciones públicas en la concentración convocada por CSIF, CCOO y UGT ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz; protesta que se ha repetido en el resto de capitales andaluzas.
Los tres sindicatos que componen la Mesa General de Negociación Común convocaron esta protesta como modo de reivindicar la recuperación de “todos los derechos recortados” por la crisis-estafa, “por la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, por la generación de empleo neto, estable y con derechos y por unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía”.
UGT, CCOO y CSIF aseguran en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que llevan años reclamando medidas que atenúen la “insostenible situación” que padecen millones de empleados públicos en todo el país, situación que “tiene su máxima expresión en una desmesurada destrucción de empleo público, el empeoramiento de sus derechos laborales, económicos y profesionales, y el progresivo deterioro de los servicios públicos”.
Los tres sindicatos han coincidido en exigir la recuperación del diálogo social, “herramienta clave en el desarrollo social, económico y cultural en el pasado”, instando la urgente convocatoria de la Mesa General de Negociación de las administraciones públicas, con la finalidad de cambiar la orientación a seguir en las políticas públicas de personal.
Se vendía que las medidas aplicadas por los gobiernos en los momentos más álgidos de la crisis económica “eran coyunturales y tenían fecha de caducidad”, por lo que, insisten, “es el momento para reequilibrar las condiciones de trabajo mediante una negociación colectiva capaz de alcanzar los resultados demandados por los empleados públicos”.
PRIORIDADES
Para CCOO, CSIF y UGT, esta exigencia de diálogo social en la Mesa General de Negociación de las administraciones públicas debe vertebrarse sobre una serie de prioridades, empezando por aumentar el volumen neto de empleo público estable con una fuerte dimensión social (eliminando las tasas de reposición, impidiendo los ERE, deteniendo la amortización de plazas, desarrollando procesos de consolidación).
Además, se reclaman incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo y la recuperación de lo detraído desde mayo 2010; y la evolución íntegra de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, con la fijación de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales para el año 2015.
Del mismo modo, se insta a la adopción de medidas necesarias que sirvan de impulso para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en todos los ámbitos de aplicación del mismo, reconduciendo a la Mesa de Negociación todas la modificaciones practicadas o con intención de practicar en el mismo.
La estabilidad y la carrera “como cuestiones irrenunciables” (inamovilidad en la condición de empleado público, implantación de la carrera); la promoción, formación, y profesionalización que cubran las expectativas de los empleados públicos (una promoción interna real y efectiva que aproveche el potencial formativo y profesional ya existente); derechos, vacaciones, conciliación, “fomentar para mejorar”; frenar la reforma laboral en las administraciones públicas; y defender políticas públicas de igualdad de género y prevención de riesgos, que la crisis no sirva de excusa para su degradación; son el resto de prioridades reseñadas.
Por último, los sindicatos convocantes se han comprometido a no retroceder en el camino emprendido “hasta obtener una respuesta satisfactoria y digna para los empleados y servicios públicos”.
