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El PP cumple su amenaza y demanda al alcalde de Cádiz por calumnias e injurias: “esperamos que la justicia le abra los ojos”

Redacción Firmado por Redacción
2 de junio de 2016
/tiempo de lectura: 5 minutos/
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El PP gaditano ha formalizado la querella con la que lleva amenazando semanas, contra el alcalde, su jefe de gabinete y su concejal de Medio Ambiente, por presuntos delitos de calumnias e injurias “al imputarnos un delito de intento de envenenamiento”, a raíz de conocerse el nuevo informe de Aguas de Cádiz sobre el corte de Loreto de finales de 2014. La denuncia está firmada por todos los integrantes del anterior Gobierno de Teófila Martínez. Se interpreta que las manifestaciones de los demandados al respecto fueron “premeditadas y orquestadas con antelación para hacer el mayor daño público posible, así como eliminar políticamente al adversario”.

El PP gaditano, finalmente, ha formalizado la querella con la que lleva amenazando desde hace semanas, contra el alcalde, José María González ‘Kichi’, su jefe de gabinete, José Vicente Barcia, y su concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, por presuntos delitos de calumnias e injurias “al imputarnos un delito de intento de envenenamiento”, a raíz de conocerse el nuevo informe de Aguas de Cádiz sobre el corte del barrio de Loreto de finales de 2014. Dicha querella está firmada por todos los integrantes del anterior Gobierno liderado por Teófila Martínez.

El portavoz popular en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, argumenta que este paso –tras el acto de conciliación previa de mediados de mes- “tiene un solo objetivo, y es que no quede impune un delito que alguien que ostenta el cargo de alcalde ni puede ni debe cometer. Si González Santos, su teniente de alcalde o su asesor piensan que es posible acusar a alguien –sea político o no- de suministrar agua contaminada a sabiendas a 13.000 personas y quedarse tan tranquilo es que tienen un concepto muy extraño de la justicia y la honestidad”.

“Ya dijimos que actuaríamos con toda tranquilidad pero con contundencia. Lo advertimos la misma semana que conocimos esta grave acusación y lo reitero hoy; es lo más miserable que he visto en la vida pública en toda mi vida, y por supuesto no vamos a permitirlo. Tenía que haber dimitido en marzo por la gravedad de su delito, tras destituir a su asesor y al teniente de alcalde, pero si no es capaz de entender la seriedad de este asunto esperamos que la justicia le abra los ojos”, opina quien era presidente de Aguas de Cádiz en el momento que se sucedieron los hechos de Loreto.

 

Precisamente, las manifestaciones que la derecha local censura del alcalde se basan en uno de los puntos que observa el informe elaborado por la empresa municipal que tanto ha escocido a este partido, presentado el pasado mes de marzo y encargado por el nuevo Gobierno municipal, en el que aborda su propia gestión –entonces en manos del PP- durante aquel controvertido corte del suministro en la barriada a finales de 2014. Este estudio anota que los vecinos de Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde 14 días antes del corte por la presencia de bacterias.

35 FOLIOS DE DENUNCIA

Esta denuncia del PP, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, consta de 35 folios en los que, se asegura, “se acredita los delitos de calumnias e injurias cometidos por los tres querellados al manifestar públicamente que los querellantes ‘contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días’, lo que a todas vistas es una acusación por un delito contra la salud pública”.

La parte documental de la querella formulada este 2 de junio remite a “más de 80 archivos de diversa índole” en los que los populares interpretan que “se pueden corroborar” las declaraciones públicas de los señalados, empezando por el acto convocado el pasado 7 de marzo reuniendo a vecinos y medios para informar del contenido del nuevo informe de Aguas de Cádiz. Igualmente se recogen las declaraciones de González Bauza delante de la Audiencia Provincial en el momento de presentar dicho informe ante la Fiscalía para que analizara si pudo haber delito en la actuación de los anteriores responsables municipales y de la empresa de aguas.

La “sorpresa” de los miembros del anterior equipo de Gobierno “no solo se sustenta en la gravedad y el calibre de la acusación vertida por González Santos, sino en el hecho de que la Comisión Informativa de Sostenibilidad en la cual se presentó el informe acordó, por todos los miembros que la componían, que dicho informe era considerado como provisional a la espera de la audiencia que se acordó dar a los antiguos técnicos de Aguas de Cádiz que estuvieron al frente de la gestión de la crisis del corte agua de Loreto, ya que no habían sido tenidos en cuenta, acordándose antes de darle el carácter de definitivo al informe habría que esperar a la práctica de dichas diligencias”, se agrega.

“ERA UNA ACUSACIÓN PREMEDITADA Y ORQUESTADA”

La querella va ofreciendo sus propias conclusiones hasta su tramo final, y se hace constar que “todo hace pensar que era una acusación premeditada y orquestada por los querellados con antelación para hacer el mayor daño público posible, así como eliminar políticamente al adversario, usando la infamia, la deshonra, la humillación, la mentira, la falacia…”.

Uno de los fundamentos esenciales del escrito es también que “el hecho atribuido” a los anteriores responsables municipales “dinamita el derecho al honor” de los querellantes, y se destaca los “daños morales causados” a los querellantes por las injurias vertidas en su contra, “que sin lugar a dudas han puesto en duda su buen nombre y honorabilidad como persona pública”.

“La afirmación haciendo constar que el anterior equipo de Gobierno había suministrado agua contaminada a sabiendas a los más de 13.000 vecinos de Loreto es deshonrosa por lo que significa (imputación de un delito de contaminación, delito de lesiones, infamia que pone en duda o menosprecio su probidad o su ética en el desempeño de su actividad pública). Y es ilegítima en su misma formulación, publicación y divulgación por cuanto es también absolutamente falsa”, entienden desde la derecha, que alude también a “la alarma social generada por semejantes publicaciones” que ha constituido una “intensa y abusiva campaña de desprestigio” contra esto concejales y exconcejales del Ayuntamiento.


(puedes comentar esta información más abajo)

Tags: CádizJusticiaPP
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