El personal interino “en abuso de temporalidad” en el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido secundar la huelga convocada para este jueves día 28 a nivel nacional “en defensa de sus puestos de trabajo y por la estabilidad en el empleo”.
Junto a la jornada de paro, está convocada una concentración a mediodía a las puertas del Consistorio y una manifestación posterior por las calles del casco antiguo, que concluirá con la lectura de un manifiesto en la plaza de España. A esta protesta en la capital se sumará personal público en abuso de temporalidad de toda la provincia y Andalucía, convocado por la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad de Cádiz (Asepat) y la Coordinadora Andaluza (Caepat).
Miembros de la Plataforma de Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz (Patac) aprobaban por unanimidad en asamblea días atrás participar en esta nueva acción de protesta, dentro del calendario de movilizaciones que las organizaciones de trabajadores en abuso de temporalidad están realizado en todo el Estado español.
Protestas que tienen un único objetivo: “la estabilidad en el empleo de los más de 800.000 trabajadores del sector público que desde hace años, y en algunos casos décadas, desarrollan su servicio a la ciudadanía en abuso de temporalidad en todo el país”.
En el Ayuntamiento de Cádiz y sus organismos autónomos son más de 200 los trabajadores públicos en dicha situación, tras encadenar más de tres años de servicio en la administración local en puestos estructurales.
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Patac asegura que ha arrancado al alcalde, José María González ‘Kichi’, su compromiso de respaldar la concentración de “sus trabajadores”, acudiendo a la movilización. Un compromiso que la plataforma espera que cumpla, “al igual que el apoyo mostrado por los miembros de su propio equipo de Gobierno al personal de la educación pública que también sufre la temporalidad en sus puestos de trabajo”.
“LOS QUE ESTÁN, SE QUEDAN”
Desde la Plataforma de Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz se reitera que la solución a la inestabilidad del personal público “debe ser legislativa”, y se exige que el proyecto de Ley sobre el personal interino que se debate actualmente en el Congreso de los Diputados “transponga la Directiva europea 1999/70 y estabilice a los más de 800.000 empleados públicos que llevan años (e incluso décadas) en condiciones de temporalidad, desempeñando funciones en puestos estructurales”.
Este colectivo entiende que entre las medidas propuestas por la Directiva europea para afrontar la estabilización, y así reducir la interinidad al 8%, que el entonces ministro de Función Pública, Miguel Iceta, en acuerdo con los sindicatos mayoritarios, plasmó en el Real Decreto Ley 14/2021, y que va a consolidarse definitivamente en el proyecto de Ley, “la convocatoria apresurada de procesos selectivos para cubrir todas esas plazas estructurales (que deben estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2024), atenta gravemente contra los derechos de nuestro colectivo, además de no resolver definitivamente el problema”.
“Especialmente –se subraya- para trabajadores que, en el caso del personal del Ayuntamiento gaditano, superan una media de edad de 50 años, y que en su mayoría ya superaron los procesos selectivos que en su momento la administración consideró adecuados en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Demostrados además, sobradamente, con sus años de experiencia y formación”.
Estos trabajadores insisten en que “en muchas ocasiones, y en momentos críticos como esta pandemia, han salvaguardado los servicios públicos”, y sin embargo “ahora ven peligrar sus puestos de trabajo”. “Reclamamos una solución justa para trabajadores que no pueden afrontar una fase de oposición eliminatoria en condiciones de igualdad con un gran número de opositores jóvenes, y con todo su tiempo para preparar las oposiciones”, se reitera. “Se trata de supuestos diferentes –se insiste-. Por un lado, se debe solucionar el problema de estabilizar al personal en abuso de temporalidad, y por otro, se deben convocar oposiciones libres, para cubrir las plazas que van quedando vacantes, como consecuencia de jubilaciones y nuevas necesidades”.
Para los interinos en abuso de temporalidad que no consigan una plaza definitiva en estos procesos de estabilización, Función Pública había acordado una indemnización económica de 20 días por año trabajado, en línea con la cantidad reconocida por el Tribunal Supremo a los empleados públicos temporales (laborales) en fraude a los que reconoce el estatus de indefinidos no fijos. “Estas indemnizaciones saldrían de las arcas de la Administración y desde luego consideramos estarían mejor invertidas en reforzar los servicios públicos, mientras que realizar un concurso extraordinario de méritos con carácter restringido, o utilizar la figura del trabajador fijo a extinguir (opciones legalmente previstas), supondría un coste cero. Administración que no se olvide, es la empresa pública que sostenemos todos”, reflexionan desde Patac.
