Tras una nueva visita a las cinco familias de la finca de plaza Viudas número 32, en el casco histórico de Cádiz, Adelante Izquierda Gaditana ha alertado de la situación que atraviesan dos de ellas, después de que la propiedad, la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata (vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta), les haya comunicado que no renovará sus contratos de alquiler, pese a estar al corriente de pagos.
Ambos partidos de la oposición, también el PSOE, coincidían el pasado mayo en poner el foco en la situación “insostenible, vergonzosa e impresentable” que padecen los residentes de este inmueble (en el que nació el histórico Fermín Salvochea) apuntalado desde el verano de 2025. A partir de esas denuncias públicas llegaron los obreros, aunque las obras no están teniendo continuidad.
Y ahora, varios de estos vecinos han conocido que la propiedad no va a renovar sus contratos de alquiler, alegando que la finca “presenta un cierto grado de obsolescencia derivada de su antigüedad”.
“NO QUIEREN ABANDONAR SUS CASAS”
Ante ello, la coalición izquierdista remarca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que los propios informes de la concejalía de Urbanismo concluyen que, aunque el edificio necesita actuaciones de conservación y mantenimiento, no presenta una situación de peligro que justifique el desalojo.
“Estas familias no quieren abandonar sus casas. Quieren seguir viviendo en ellas, como han hecho hasta ahora. El Ayuntamiento debe defender ese derecho frente a quien pretende echarlas”, afirma el concejal David de la Cruz, muy crítico con la actuación del alcalde Bruno García, que acudió días atrás a hablar con estos vecinos “y la única solución que les ofreció fue marcharse a un albergue. Ni les informó de los recursos de Procasa, ni les derivó a los Servicios Sociales, ni asumió el papel que le corresponde como máximo responsable del Ayuntamiento para mediar en este conflicto”.
Para AIG, el primer paso que debería dar el primer edil del PP es mantener una reunión con el Obispado “para exigir que paralice estos desalojos y deje de comportarse como un fondo buitre” con familias que llevan años viviendo en la finca y que, además, están pagando puntualmente sus alquileres.
Y si finalmente no fuera posible evitar la pérdida de estas casas, “lo que no puede hacer Bruno García es lavarse las manos; el Consistorio tiene la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna y estable, no enviar a un albergue a una mujer mayor, a una persona con un 78% de discapacidad y a familias con menores de edad”, insiste De la Cruz.
“LA IGLESIA NO PUEDE PREDICAR SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL”
De la misma manera, la coportavoz municipal de AIG, Helena Fernández, ha mostrado la “más absoluta indignación” ante una decisión que, a su juicio, evidencia que “el Obispado de Cádiz y Ceuta está actuando como un auténtico fondo buitre con vecinos vulnerables”.
“La Iglesia no puede predicar solidaridad y justicia social mientras deja en la calle a familias que cumplen con sus obligaciones y que únicamente quieren seguir viviendo en sus hogares. Es absolutamente inadmisible que una institución que disfruta de importantes privilegios fiscales, como la exención del IBI, del Impuesto de Sociedades o de las plusvalías municipales en numerosos supuestos, utilice su patrimonio inmobiliario para expulsar a personas vulnerables”, denuncia Fernández.
En este punto, la coalición izquierdista exige tanto al Obispado como al Gobierno local derechista que actúen con responsabilidad para evitar que estas familias sean expulsadas de sus viviendas, y reclaman una solución inmediata que garantice su permanencia o, en su defecto, una alternativa habitacional digna y adecuada a sus circunstancias personales y familiares.
