Chiclana se enfrenta a la amenaza de huelga de basuras en plena temporada alta, con miles de veraneantes en la ciudad. El bloqueo de la negociación del convenio colectivo “por parte de Urbaser”, la contrata del servicio de recogida de residuos urbanos, ha llevado a la convocatoria de huelga a partir del 17 de julio.
Además, se afea que el Ayuntamiento se limite a “contemplar” cómo una empresa que acaba de recibir un contrato multimillonario, “un contrato público cuyo importe se ha incrementado cerca de un 50% respecto a la anterior concesión”, se niega a mejorar las condiciones laborales.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, UGT denuncia que resulta “inadmisible” que una empresa que va a gestionar un contrato cercano a los 45 millones de euros “pretenda aumentar de forma extraordinaria su rentabilidad mientras niega a su plantilla unas mejoras salariales acordes con el incremento económico de la concesión”.
Este sindicato entiende que la plantilla ha demostrado durante toda la negociación del convenio “responsabilidad, profesionalidad y una firme voluntad de alcanzar un acuerdo”. Sin embargo, se considera que Urbaser “ha respondido con inmovilismo, falta de propuestas y una estrategia de bloqueo que evidencia que no existe una verdadera intención de negociar”.
“MIRAR HACIA OTRO LADO NO ES UNA OPCIÓN”
“Pero este conflicto ya no es únicamente responsabilidad de la empresa. También lo es del Ayuntamiento, que no puede esconderse detrás del argumento de que la negociación corresponde exclusivamente a la concesionaria”, recalcan desde UGT Servicios Públicos Cádiz: “en lugar de ejercer un papel activo, se nos ha trasladado que, si consideramos legítimas las reivindicaciones, ejerzamos el derecho de huelga”.
A juicio de esta sección sindical, el bipartito de PSOE e IU “no puede actuar como un mero espectador cuando está en juego la continuidad de un servicio público esencial. Gobernar implica asumir responsabilidades, anticiparse a los problemas y exigir a las empresas adjudicatarias que actúen con la responsabilidad social inherente a quien gestiona recursos públicos. Mirar hacia otro lado no es una opción”.
EXIGENCIAS A URBASER Y AL AYUNTAMIENTO
En este punto, UGT exige a la contrata que abandone su posición de bloqueo y retome la negociación “con propuestas reales”. Y del mismo modo, reclama al Consistorio que “deje de actuar con pasividad, ejerza las responsabilidades que le corresponden y utilice todos los mecanismos políticos, administrativos y contractuales a su alcance para exigir a la adjudicataria un comportamiento acorde con la importancia del servicio que presta y con el volumen de recursos públicos que gestiona”.
“Si finalmente la huelga comienza el próximo 17 de julio, no será consecuencia de la falta de voluntad de la plantilla. Será el resultado de la decisión empresarial de mantener el bloqueo y de la pasividad del Ayuntamiento”, se avisa; al tiempo que se piden de antemano disculpas a la ciudadanía por las molestias que esta situación pueda ocasionar.
En resumen, estos representantes de la plantilla subrayan que no es aceptable que “mientras la empresa incrementa de forma muy significativa los ingresos derivados de un contrato financiado con dinero público, se les niegue una mejora salarial justa y proporcionada”.
