El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha llamado a declarar como investigados al que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní (ahora recolocado por su partido en la Junta como director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, en la provincia), así como al profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén; a colación, el equipo de Gobierno celebra que “se vaya a conocer toda la verdad” sobre este caso.
A mediados de 2018, los representantes del Gobierno local (entonces de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común) en el consejo de administración de Aguas de Cádiz y en su fundación, presentaron denuncia en el juzgado por el pago de 42.000 euros desde esta empresa municipal al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa dirigido por el profesor Guillén, entre 2011 y 2015, que en esos años también fue director de la tesis de Romaní, entonces presidente de la sociedad. Se procedía de esta manera después de que el PSOE, por su lado, elevara los mismos hechos a la fiscalía.
Por entonces, la misma Aguas de Cádiz abordaba el informe jurídico interno elaborado sobre este oscuro asunto, y que intuye hasta cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. A lo que se suma que la Universidad de Cádiz se desvinculó totalmente del supuesto trabajo que esta entidad liderada por Guillén hizo para Aguas de Cádiz años atrás, con Teófila Martínez todavía de alcaldesa, ofreciendo sus servicios utilizando en una carta el membrete de la UCA.
“DEBE SABERSE QUÉ PASÓ CON ESE DINERO PÚBLICO”
“Este caso debe esclarecerse –insisten desde el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’- y debe saberse qué pasó con ese dinero público. Es por ello que fuimos nosotros quienes denunciamos por la vía penal ese pago injustificado de 42.000 euros desde Aguas de Cádiz al OARSE durante la etapa en la que Ignacio Romaní presidía la empresa municipal”. “Estamos hablando de dinero público, y si alguien ha hecho un uso indebido del mismo debe pagar por ello”, aseveran.
Al hilo, Adelante recuerda que el PSOE “se puso de perfil” en la votación del consejo de administración de Aguas de Cádiz, “al abstenerse en la propuesta que presentamos con objeto de poner en conocimiento de la justicia el pago de esos 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa”. Entienden desde el Gobierno local que “el sentido de responsabilidad del PSOE brilló por su ausencia. Sin ningún tipo de rubor, prefirió aliarse con el PP en lugar de apostar por una investigación para conocer qué pasó con el dinero público”.
Por último, se espera que “se acabe para siempre esa forma de gobernar en la que el Ayuntamiento era un espacio oscuro, con llaves en los cajones y sin ninguna transparencia”.
