La Apdha convocaba este sábado frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz una concentración en favor “del derecho a la protesta” del personal de este cuerpo armado y “ante la represión, la persecución, la arbitrariedad y en muchas ocasiones el trato degradante” a que son sometidos en determinados puestos de la provincia. Desde la AUGC añaden que se ha mostrado “el apoyo de la sociedad a los cuatro guardias civiles castigados con la pérdida de destino por decir la verdad”.
En su labor de defensa de los derechos humanos de todas las personas, y tras las numerosas denuncias recibidas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) convocaba este sábado frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz una concentración en favor “del derecho a la protesta” del personal de este cuerpo armado y “ante la represión, la persecución, la arbitrariedad y en muchas ocasiones el trato degradante” a que son sometidos en determinados puestos de la provincia. En la misma, se leía un manifiesto y las esposas de varios agentes represaliados se hacían eco de su situación.
“Con esta acción queremos evidenciar la falta de libertades democráticas a la que está sometida esta institución, y el efecto que provoca en la impunidad generalizada en los actos contrarios a los derechos humanos que se producen tanto dentro como fuera del cuerpo de la Guardia Civil”, exponen desde la Apdha. En este caso específico, se añade, la represión tiene “claros indicios” de estar ligada a la implantación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la sierra y que ha llevado a 26 agentes a darse de baja por depresión.
Por su lado, desde la AUGC entienden que la motivación final que ha dado lugar a esta protesta, secundada por alrededor de un centenar de personas –entre ellas, el número dos de Unidos Podemos por Cádiz al Congreso en las elecciones del 26-J, el guardia civil Juan Antonio Delgado-, “es mostrar el apoyo de la sociedad a los cuatro guardias civiles de la provincia castigados con la pérdida de destino”. La causa de esta sanción, “que supone su destierro y el de sus familias”, es “haber prestado voluntariamente testimonio ante el juez por las demandas que dos mandos de los cuarteles de Arcos y Ubrique, ambos en la Sierra de Cádiz, habían presentado por la publicación por parte de AUGC en diciembre de 2014 de una nota de prensa en la que se detallaba la situación de acoso laboral existente en esos acuartelamientos”.
“Nos encontramos –añaden desde esta asociación- ante una situación que refleja claramente que la democracia es un concepto que todavía está lejos de incorporarse a la Guardia Civil. En este sentido, la declaración ante un tribunal de unos ciudadanos, que en su testimonio están obligados a decir la verdad, les supone la peor de las represalias por parte de la institución para la que trabajan”.
A juicio de la Apdha, “la continuidad del carácter militar de la Guardia Civil, incompatible con el papel de las fuerzas policiales en una sociedad democrática, la absoluta falta de libertades, la represión y trato degradante, la prohibición de manifestarse o sindicarse, nos parecen atentados contra los derechos humanos de todas las personas”.
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