Ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz se ha desarrollado el miércoles una concentración en la que se ha reivindicado las libertades y el derecho a huelga “amenazados”, según los convocantes de la protesta, CCOO y UGT, por el cambio de criterio en la interpretación del artículo 315.3 del Código Penal y por las reformas proyectadas tanto de este Código como de la conocida como ley mordaza. En los últimos cinco años ha habido al menos 75 imputaciones y sanciones en la provincia durante conflictos laborales.
“Cientos de personas” se han concentrado este miércoles 18 a mediodía ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz para reivindicar las libertades y el derecho a huelga “amenazados”, según los convocantes de la protesta, CCOO y UGT, por el cambio de criterio en la interpretación del artículo 315.3 del Código Penal y por las reformas proyectadas tanto de este Código como de la Ley de Seguridad Ciudadana, la tristemente famosa ley mordaza. En los últimos cinco años ha habido al menos 75 imputaciones y sanciones en la provincia gaditana durante conflictos laborales.
El secretario general de UGT Cádiz, Francisco Andreu, durante este acto, ha recordado que en España se “han criminalizado” las actuaciones de 300 sindicalistas en defensa de los derechos de los trabajadores y que el artículo 315.3 se está utilizando en contra de los trabajadores y no en contra de los empresarios que amenazan veladamente a sus empleados dispuestos a secundar una huelga.
Por su lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la secretaria general de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez, ha incidido en las 75 personas imputadas o multadas en la provincia gaditana desde 2010 a 2013 en el transcurso de conflictos como los de Navantia, Acerinox, Gadir Solar, Acasa, Urbaser Jerez, por el convenio del metal o en las dos últimas huelgas generales, y ha reivindicado el derecho a huelga, sin el que la relación entre capital y trabajo se desequilibra en contra de la “parte más débil”, es decir, de los trabajadores.
A la concentración han acudido representantes de Airbus, que tomaron la palabra en defensa de los denominados ‘8 de Getafe’ a los que el fiscal pide 64 años de cárcel. Los trabajadores de Airbus mantienen desde hace meses un calendario de movilizaciones en apoyo a estos compañeros imputados durante la huelga general de 2010.
La protesta, convocada por la Confederación Sindical Internacional en una Jornada de Acción Mundial, reclama la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, la retirada del proyecto del Código Penal y la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que pretende imponer el Gobierno de Rajoy.
