“Si de verdad quieren mejorar el acceso a la vivienda, la vía está en exigir la rehabilitación del patrimonio público y la puesta en uso de las fincas vacías, no en señalar a quienes invirtieron en recuperar Cádiz”. Es parte de la reacción de la plataforma Convive Cádiz a la iniciativa ‘Cádi pa viví’, que está promoviendo una consulta popular municipal para que los vecinos se pronuncien sobre la regulación de las problemáticas viviendas de uso turístico (VUT) en la capital gaditana.
Estos propietarios y gestores de pisos turísticos han dado a conocer un informe jurídico encargado al bufete Themis que concluye que una recogida de firmas o una consulta popular, como la que pretenden diferentes partidos de izquierda, “no modifica el planeamiento urbanístico, no crea licencias municipales y la normativa aplicable no permite retirar en Cádiz colectivamente las VUT preexistentes”.
Dicha consulta popular local (y legal) que tiene como fin último “revertir el proceso de turistificación” de una ciudad que pierde año tras año un millar de vecinos, plantea precisamente que la ciudadanía se pronuncie sobre la adopción de medidas urbanísticas para retirar de la actividad aquellas VUT que incumplen el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sus promotores preparan una recogida de firmas a partir del 15 de septiembre para alcanzar los 3.000 apoyos que obligarían a la administración local a activar dicha consulta.
En este contexto, Convive Cádiz interpreta que esa consulta “no puede hacer lo que promete”. Según el dictamen jurídico difundido por la plataforma, el Ayuntamiento es quien ostenta la representación de la voluntad popular y una campaña de firmas no puede sustituir sus decisiones ni atribuirse efectos que la legislación no contempla.
“HASTA 510 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO EN UNA DÉCADA”
Pero además, esta plataforma de propietarios y gestores de viviendas turísticas se aventura a calcular el impacto que tendría la eliminación de las VUT preexistentes en la capital gaditana a las últimas modificaciones puntuales del PGOU: peligrarían “entre 845 y 1.471 empleos directos e indirectos” y “entre 61 y 143 millones de euros” de actividad económica, dependiendo del grado en que la demanda turística fuese absorbida por la oferta hotelera.
Este estudio encargado por Cádiz Convive intuye igualmente que la retirada de licencias a los pisos turísticos que incumplen el Plan General “no derivaría en un trasvase automático de oferta al alquiler de renta habitual”.
Así, estima que un 7% de las cerca de 1.500 VUT registradas y legales de la ciudad se incorporarían al alquiler estable residencial (el que prácticamente ha desaparecido en Cádiz), o sea, alrededor de un centenar; mientras más de la mitad de los inmuebles volvería a ser segunda residencia, otra parte quedaría cerrada o se destinaría al alquiler de temporada, “y el resto saldría a la venta a precios elevados”.
Esta plataforma en defensa del negocio de los pisos turísticos utiliza esta previsión (que se sustenta en datos propios, no oficiales) para cuestionar que la eliminación de las viviendas turísticas vaya a resolver el problema del acceso a la vivienda en la ciudad. La plataforma sostiene que las VUT representan el 2,6% del parque residencial gaditano, que cifra en más de 56.500 viviendas. Eso sí, obvia la saturación de pisos turísticos que sufren barrios del casco antiguo como El Pópulo o La Viña.
INFORME JURÍDICO CONTRA LA CONSULTA
Junto a la estimación económica, Convive Cádiz ha presentado un informe jurídico que recuerda que el Ayuntamiento modificó de forma puntual el PGOU en 2022 y posteriormente en 2025 para tratar de limitar la proliferación de estas viviendas turísticas y prohibir nuevas licencias principalmente en intramuros, “pero no se establecieron una licencia general de actividad económica para las VUT individuales ni acordaron extinguir las ya existentes”.
La plataforma considera, por tanto, que exigir ahora una licencia no prevista y aplicarla de forma retrospectiva podría alterar el régimen bajo el que se autorizaron las VUT y llegar a generar responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento frente a los propietarios afectados.
También rechaza que pueda trasladarse directamente a Cádiz el modelo aplicado en Santiago de Compostela, al considerar que aquel caso se desarrolló bajo un marco legal y urbanístico diferente.
“QUE SE DEJE DE INSTRUMENTALIZAR A LAS VUT POLÍTICAMENTE”
A juicio de los propietarios de pisos turísticos, el debate sobre las VUT está desviando la atención de otros problemas de vivienda de la ciudad. En este sentido, reclaman a las administraciones que actúen sobre las “numerosas fincas vacías, edificios cerrados y patrimonio público infrautilizado” y plantean medidas como la promoción de vivienda protegida, ayudas o la transformación de locales en casas; además de perseguir el arrendamiento ilegal.
“La promoción de vivienda pública corresponde a los poderes públicos. No puede trasladarse esa responsabilidad a particulares que adquirieron y rehabilitaron inmuebles abandonados con sus propios recursos”, apostilla Cádiz Convive.
En definitiva, como era previsible, su posición es frontal respecto a la consulta popular anunciada contra la turistificación: considera que los pisos turísticos de Cádiz están siendo el “chivo expiatorio” del problema de acceso a la vivienda y acusa a los impulsores de la iniciativa (a los que tacha de “minorías” detrás de “ruido y mentiras”) de utilizarla con fines partidistas.
“Convive Cádiz no pide privilegios. Pide que se cumpla la regulación ya aprobada, que se deje de instrumentalizar al sector políticamente con mensajes y datos falsos, que se persiga la actividad clandestina, y que no se señale como responsables del problema de la vivienda a quienes operan dentro de la ley y crean actividad donde no la hay”, sentencia esta plataforma de propietarios y gestores que nació hace unos años “contra la turismofobia, y como respuesta ante el acoso al que se somete a los operadores de viviendas turísticas”.
Y CONTRA LA TASA TURÍSTICA
Por su lado, y ante la oportunidad de implantar una tasa turística no sólo en Cádiz, en otras ciudades que sufren la presión del turismo masificado, en los últimos días la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha advertido de que dicha tasa (que se aplica por ejemplo en Catalunya con toda normalidad), “supondría un nuevo coste para las familias que eligen esta modalidad de alojamiento”.
Esta entidad argumenta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que, si determinados municipios necesitan más recursos para atender los costes asociados a una elevada actividad turística, “debe abrirse el debate sobre su financiación sin trasladar necesariamente esa necesidad a una nueva carga sobre quienes viajan”.
“La cuestión es si realmente necesitamos seguir creando nuevos impuestos o si debemos redistribuir de una forma más justa los importantes ingresos que ya reciben las administraciones”, opinan quienes explotan pisos turísticos en Andalucía.
“Si uno de cada tres españoles no puede permitirse una semana de vacaciones al año, debemos preguntarnos si la respuesta es seguir aumentando el coste de viajar o gestionar mejor los recursos públicos”, termina reflexionando AVVAPro.
“Si de verdad quieren mejorar el acceso a la vivienda, la vía está en exigir la rehabilitación del patrimonio público y la puesta en uso de las fincas vacías, no en señalar a quienes invirtieron en recuperar Cádiz”. Es parte de la reacción de la plataforma Convive Cádiz a la iniciativa ‘Cádi pa viví’, que está promoviendo una consulta popular municipal para que los vecinos se pronuncien sobre la regulación de las problemáticas viviendas de uso turístico (VUT) en la capital gaditana.
Estos propietarios y gestores de pisos turísticos han dado a conocer un informe jurídico encargado al bufete Themis que concluye que una recogida de firmas o una consulta popular, como la que pretenden diferentes partidos de izquierda, “no modifica el planeamiento urbanístico, no crea licencias municipales y la normativa aplicable no permite retirar en Cádiz colectivamente las VUT preexistentes”.
Dicha consulta popular local (y legal) que tiene como fin último “revertir el proceso de turistificación” de una ciudad que pierde año tras año un millar de vecinos, plantea precisamente que la ciudadanía se pronuncie sobre la adopción de medidas urbanísticas para retirar de la actividad aquellas VUT que incumplen el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sus promotores preparan una recogida de firmas a partir del 15 de septiembre para alcanzar los 3.000 apoyos que obligarían a la administración local a activar dicha consulta.
En este contexto, Convive Cádiz interpreta que esa consulta “no puede hacer lo que promete”. Según el dictamen jurídico difundido por la plataforma, el Ayuntamiento es quien ostenta la representación de la voluntad popular y una campaña de firmas no puede sustituir sus decisiones ni atribuirse efectos que la legislación no contempla.
“HASTA 510 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO EN UNA DÉCADA”
Pero además, esta plataforma de propietarios y gestores de viviendas turísticas se aventura a calcular el impacto que tendría la eliminación de las VUT preexistentes en la capital gaditana a las últimas modificaciones puntuales del PGOU: peligrarían “entre 845 y 1.471 empleos directos e indirectos” y “entre 61 y 143 millones de euros” de actividad económica, dependiendo del grado en que la demanda turística fuese absorbida por la oferta hotelera.
Este estudio encargado por Cádiz Convive intuye igualmente que la retirada de licencias a los pisos turísticos que incumplen el Plan General “no derivaría en un trasvase automático de oferta al alquiler de renta habitual”.
Así, estima que un 7% de las cerca de 1.500 VUT registradas y legales de la ciudad se incorporarían al alquiler estable residencial (el que prácticamente ha desaparecido en Cádiz), o sea, alrededor de un centenar; mientras más de la mitad de los inmuebles volvería a ser segunda residencia, otra parte quedaría cerrada o se destinaría al alquiler de temporada, “y el resto saldría a la venta a precios elevados”.
Esta plataforma en defensa del negocio de los pisos turísticos utiliza esta previsión (que se sustenta en datos propios, no oficiales) para cuestionar que la eliminación de las viviendas turísticas vaya a resolver el problema del acceso a la vivienda en la ciudad. La plataforma sostiene que las VUT representan el 2,6% del parque residencial gaditano, que cifra en más de 56.500 viviendas. Eso sí, obvia la saturación de pisos turísticos que sufren barrios del casco antiguo como El Pópulo o La Viña.
INFORME JURÍDICO CONTRA LA CONSULTA
Junto a la estimación económica, Convive Cádiz ha presentado un informe jurídico que recuerda que el Ayuntamiento modificó de forma puntual el PGOU en 2022 y posteriormente en 2025 para tratar de limitar la proliferación de estas viviendas turísticas y prohibir nuevas licencias principalmente en intramuros, “pero no se establecieron una licencia general de actividad económica para las VUT individuales ni acordaron extinguir las ya existentes”.
La plataforma considera, por tanto, que exigir ahora una licencia no prevista y aplicarla de forma retrospectiva podría alterar el régimen bajo el que se autorizaron las VUT y llegar a generar responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento frente a los propietarios afectados.
También rechaza que pueda trasladarse directamente a Cádiz el modelo aplicado en Santiago de Compostela, al considerar que aquel caso se desarrolló bajo un marco legal y urbanístico diferente.
“QUE SE DEJE DE INSTRUMENTALIZAR A LAS VUT POLÍTICAMENTE”
A juicio de los propietarios de pisos turísticos, el debate sobre las VUT está desviando la atención de otros problemas de vivienda de la ciudad. En este sentido, reclaman a las administraciones que actúen sobre las “numerosas fincas vacías, edificios cerrados y patrimonio público infrautilizado” y plantean medidas como la promoción de vivienda protegida, ayudas o la transformación de locales en casas; además de perseguir el arrendamiento ilegal.
“La promoción de vivienda pública corresponde a los poderes públicos. No puede trasladarse esa responsabilidad a particulares que adquirieron y rehabilitaron inmuebles abandonados con sus propios recursos”, apostilla Cádiz Convive.
En definitiva, como era previsible, su posición es frontal respecto a la consulta popular anunciada contra la turistificación: considera que los pisos turísticos de Cádiz están siendo el “chivo expiatorio” del problema de acceso a la vivienda y acusa a los impulsores de la iniciativa (a los que tacha de “minorías” detrás de “ruido y mentiras”) de utilizarla con fines partidistas.
“Convive Cádiz no pide privilegios. Pide que se cumpla la regulación ya aprobada, que se deje de instrumentalizar al sector políticamente con mensajes y datos falsos, que se persiga la actividad clandestina, y que no se señale como responsables del problema de la vivienda a quienes operan dentro de la ley y crean actividad donde no la hay”, sentencia esta plataforma de propietarios y gestores que nació hace unos años “contra la turismofobia, y como respuesta ante el acoso al que se somete a los operadores de viviendas turísticas”.
Y CONTRA LA TASA TURÍSTICA
Por su lado, y ante la oportunidad de implantar una tasa turística no sólo en Cádiz, en otras ciudades que sufren la presión del turismo masificado, en los últimos días la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha advertido de que dicha tasa (que se aplica por ejemplo en Catalunya con toda normalidad), “supondría un nuevo coste para las familias que eligen esta modalidad de alojamiento”.
Esta entidad argumenta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que, si determinados municipios necesitan más recursos para atender los costes asociados a una elevada actividad turística, “debe abrirse el debate sobre su financiación sin trasladar necesariamente esa necesidad a una nueva carga sobre quienes viajan”.
“La cuestión es si realmente necesitamos seguir creando nuevos impuestos o si debemos redistribuir de una forma más justa los importantes ingresos que ya reciben las administraciones”, opinan quienes explotan pisos turísticos en Andalucía.
“Si uno de cada tres españoles no puede permitirse una semana de vacaciones al año, debemos preguntarnos si la respuesta es seguir aumentando el coste de viajar o gestionar mejor los recursos públicos”, termina reflexionando AVVAPro.
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