Adelante Izquierda Gaditana ha criticado la actitud del concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, por difundir datos sobre el número total de altas al servicio de ayuda a domicilio desde agosto del pasado año y el incremento de auxiliares, sin haber informado previamente de ello al comité de empresa.
Este edil del PP ha presumido así de la “evolución positiva” de este servicio privatizado “tanto en la atención a personas usuarias como en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla”, coincidiendo con el anuncio del PSOE de que volverá a pedir en el pleno de este mayo la necesidad de iniciar el proceso de municipalización de la ayuda a domicilio, en manos de la problemática Óbolo.
La concejala izquierdista Helena Fernández recuerda además que precisamente representantes de esta precarizada plantilla se encontraba concentrándose frente a la sede de Asuntos Sociales, en la calle Isabel La Católica, reclamando la municipalización y transparencia en la gestión, “cuando el Ayuntamiento decidió emitir una nota de prensa sacando pecho sobre los datos difundidos”.
“Es una falta de respeto absoluta a las trabajadoras y a sus representantes. Mientras el comité está en la puerta reivindicando la municipalización y denunciando problemas, el Gobierno municipal decide dirigirse primero a los medios para vender una imagen triunfalista de la gestión”, se afea en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“OPACIDAD Y TRIUNFALISMO”
El Consistorio gaditano detalla que el servicio atiende hoy a 1.296 usuarios, frente a las 1.091 con las que comenzó la actual adjudicataria el pasado verano, lo que supone un incremento de 205, un 19% más. Del mismo modo, las horas mensuales de atención han pasado de 40.130 a 50.631, registrando una subida del 26%, y se ha ampliado la plantilla en 52 auxiliares, hasta las 484.
Frente a ello, Fernández ha cuestionado el discurso “triunfalista” de Otero, ya que considera que los datos deben analizarse con una visión más amplia. Y deja caer que “si los datos son muy buenos, pues imagina si se municipaliza el servicio, donde no hay beneficio industrial ni beneficio para la empresa. Entonces estaríamos hablando de unos datos aún mejores”.
Asimismo remarca que las cifras relativas a nuevas incorporaciones profesionales deben ser conocidas obligatoriamente por el comité. Sin embargo, “ni siquiera se les ha trasladado copia de los nuevos contratos realizados por la empresa Óbolo, incumpliendo así una resolución dictada por la Inspección de Trabajo”.
“Estamos hablando de una cuestión que no es opcional ni una mera cortesía institucional; existe una obligación de informar al comité. Resulta muy grave que se ignore una resolución de la Inspección de Trabajo y que se actúe con esta opacidad”, insiste.
“¿Y LA LISTA DE ESPERA?”
Y por otro lado, la coportavoz municipal de AIG apunta que el concejal de Asuntos Sociales ha omitido deliberadamente una parte esencial de la realidad de este servicio privatizado: “se le ha olvidado hablar de la lista de espera. Ha dado únicamente el dato de nuevas personas usuarias incorporadas, pero no ha informado de que existe una lista de espera de más de 600 personas, y muchas de ellas llevan más de un año esperando a ser dadas de alta”. “Y a ello hay que sumar -ha agregado- las reclamaciones de usuarios y usuarias que se reciben a diario”.
En definitiva, para este partido de la oposición, el Ejecutivo liderado por Bruno García está intentando “construir un relato de éxito parcial mientras evita explicar las carencias estructurales” que siguen afectando al servicio y a cientos de familias.
“HAY QUE FISCALIZAR A LA EMPRESA”
Helena Fernández termina lanzado una pregunta directa al Gobierno local del PP: “¿está realmente fiscalizando el trabajo de la empresa?”. Y es que entiende que el Ayuntamiento gaditano no puede limitarse a reproducir datos facilitados por Óbolo ni a ejercer como portavoz de una empresa privada, sino que debe garantizar un control efectivo sobre el cumplimiento del contrato, las condiciones laborales de la plantilla y la correcta atención a las personas usuarias.
“Fiscalizar significa comprobar si se están cubriendo todas las necesidades, si las ratios son suficientes, si se cumplen las resoluciones administrativas, si las condiciones laborales son adecuadas y, sobre todo, si se está dando respuesta a quienes esperan una prestación esencial”, se recalca.
Porque “de poco sirve presumir de cifras cuando hay más de 600 personas esperando y muchas de ellas llevan más de un año sin recibir una ayuda fundamental para su día a día”, remachan desde AIG.
