La contrata de limpieza y recogida de basuras del Ayuntamiento de Cádiz, Valoriza, “está amedrentando y castigando a la plantilla con el objetivo de ahorrar costes y beneficiarse económicamente”. Lo denuncia CSIF como miembro del comité de empresa de la concesionaria.
La estrategia de la empresa, responsable del servicio desde febrero de 2023 tras un tortuoso proceso de licitación, “se centra en abrir expedientes disciplinarios, todos graves o muy graves, sin aportar pruebas objetivas, incluyendo despidos y suspensiones de empleo y sueldo de hasta 60 días, suponiendo un gran ahorro a Valoriza, mientras sigue cobrando la misma cantidad de dinero público que aportan los contribuyentes”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato repasa que no ha pasado ni año y medio desde que Valoriza se hiciera con la concesión definitiva, “y ya ha abierto más de 40 expedientes disciplinarios contra trabajadores de larga experiencia en el servicio y con historial laboral inmaculado”.
Esta cifra de expedientes supone más del doble de lo que la anterior concesionaria (una UTE en la que Valoriza también participaba con un alto porcentaje) aplicó durante los más de 16 años que mantuvo el contrato. Dicha unión temporal de empresas (Sufi Cointer) finalizó el servicio tras varias prórrogas forzosas, “involucrada en supuestos graves incumplimientos, con la intervención de ordenadores y sospechas de fraude económico, mientras el Ayuntamiento y los propios contribuyentes todavía esperan explicaciones”, añaden desde CSIF.
“Y SIGUE SIN IMPLEMENTAR TODOS LOS SERVICIOS QUE LE EXIGE EL PLIEGO”
Esta sección sindical insiste en que los “castigos” que se le imponen “de manera arbitraria” a operarios de la limpieza, “algunos con más de 15 años de experiencia” provocan “una evidente indefensión, dado que se basan en inspecciones oculares sin testigos o fuera de horario, o con fotografías descontextualizadas sin fecha ni ubicación”. De hecho, varios trabajadores, asesorados por CSIF, y tras alegar frente a la empresa sin ser escuchados, se han visto obligados a recurrir a la vía judicial.
A todo esto, “ahorrándose sueldos gracias a las sanciones impuestas”, Valoriza “mantiene un acuerdo millonario con dinero público sin implementar todos los servicios por los que fue contratada”: sustitución y mantenimiento de las papeleras, renovación del parque móvil y de la totalidad de los contenedores comunitarios, modernización de los contenedores intraurbanos, reforma de centros de trabajo, abuso de nuevas contrataciones con menor gasto… “y todo ello ninguneando al personal fijo a tiempo parcial”.
De este modo, se exige a la contrata que respete los derechos laborales de la plantilla y que abandone la “arbitrariedad” que aplica con las sanciones, “absolutamente injustas y desproporcionadas”. Y al mismo tiempo, reclama que preste los servicios “al completo” y “cumpla con el contrato que paga la ciudadanía de Cádiz con sus impuestos”. En concreto, dicha empresa se adjudicó este goloso servicio público privatizado por casi 164 millones de euros por diez años.
