En los seis primeros meses de 2026 el Ayuntamiento de Chiclana ha practicado, entre otras actuaciones desde su concejalía de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano, hasta 15 acciones para frenar las construcciones ilegales en el diseminado, sumando paralizaciones y precintos en suelo rústico, donde está prohibido edificar y parcelar. Un extrarradio donde durante tantos años de mirar hacia otro lado se han levantado más de 15.000 de forma irregular.
En cuanto a la ubicación espacial de las últimas intervenciones, se concluye que estas irregularidades no se concentran en una zona concreta, sino que existe una gran dispersión. Se ha actuado, entre otras ubicaciones, en El Marquesado, Pinar de los Franceses, Majadillas, Los Llanos, Pago del Humo, Carboneros o Pago Melilla.
La totalidad del suelo afectado por paralizaciones de obras y precintos en esta primera mitad de año ha superado los 99.000 metros cuadrados, donde se han detectado más de 100 parcelas, con diferentes grados de construcción incluyendo el vallado de las mismas, destacando tres parcelaciones que superan los 10.000 m2.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se repasa que en el Pago de Dehesa de la Raya la parcelación intervenida supera los 18.000 m2. En Pago Melilla ronda los 15.000 m2. Y por último en El Marquesado una tercera parcelación alcanza los más de 10.000 m2. En cuanto a la superficie de las parcelas, destaca la atomización de la zona de Carboneros, en la que las mismas se quedan en unos 500 m2.
En este mismo periodo de enero a junio, desde Urbanismo se han dictado resoluciones definitivas de demolición que afectan a 26 propiedades diferentes. Tres de estas resoluciones son de ampliaciones de viviendas en suelo urbano, en un complejo inmobiliario de Novo Sancti Petri.
MÁS ACTIVIDAD FRENTE A LAS ILEGALIDADES
En global, la actividad de inspección urbanística crece, ya que en todo 2025 se paralizaron y precintaron 15 construcciones ilegales, con una superficie total aproximada de 6,5 hectáreas. Además, el pasado ejercicio el Ayuntamiento dictó 23 resoluciones definitivas de restablecimiento de la legalidad urbanística.
Por otro lado, el pasado 2025 se remitieron a Fiscalía 22 denuncias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Al respecto, meses atrás un juez condenaba solidariamente a dos personas a penas de prisión, multa económica y la obligación de demoler lo construido de forma ilegal.
En este punto, Urbanismo recuerda por enésima vez que la instalación de construcciones prefabricadas (contenedores o casas de madera), aunque no se realice obra alguna, suponen la misma ilegalidad que las construcciones tradicionales de ladrillo o bloques de hormigón.
Y se aclara que la clasificación de suelo urbano/rústico corresponde a la nueva Ley de impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), y en ningún caso el Catastro o el Registro de la Propiedad pueden clasificar un suelo como urbano.
