El presidente de la institución provincial se queja de que el ahora gobierno andaluz de derechas “se aferra a la lectura sesgada de un acuerdo de 2008 (vinculado a la prometida Ciudad de la Justicia) y pretende que lo que es una permuta fallida se mantenga eternamente”. Se le reclaman 280.000 euros de renta anual.
La amenaza se ha confirmado: la Diputación de Cádiz ha cursado demanda contra la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía por la ‘okupación’ del edificio de la Audiencia Provincial, en la Cuesta de las Calesas de la capital gaditana.
La institución provincial, acudiendo a los tribunales, busca acabar con los perjuicios que causa una “permuta fallida”; la que hace más de dos décadas se acordó entre este edificio ocupado por la Audiencia Provincial y el solar comprendido entre las calles Brunete, Granja San Ildefonso y Tolosa Latour (donde inicialmente la Junta iba a levantar la prometida Ciudad de la Justicia). En la práctica, la administración autonómica mantiene de facto los dos bienes citados e impide que la Diputación perciba una renta por el uso de la Audiencia.
La demanda, en cumplimiento de una decisión adoptada por el pleno de la Corporación Provincial, se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia con el propósito de que se sustancie en un juicio ordinario, se anota en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Al respecto, el presidente de la Diputación gaditana, Juan Carlos Ruiz Boix, insiste en que la Junta, ahora con gobierno de derechas, “se aferra a la lectura sesgada de un acuerdo y pretende que lo que es una permuta fallida se mantenga eternamente”. Sin embargo, este socialista añade que “no vamos a permitir que la Junta nos siga castigando y no abone unos recursos que sí libra en otras provincias”.
En la demanda se precisa el importe de la cantidad reclamada, más de 281.000 euros, correspondiente a la renta anual por la ocupación del inmueble de la Cuesta de las Calesas por parte de la Audiencia Provincial; “una renta que nunca se ha percibido y que, conforme se fundamenta en el escrito dirigido al Juzgado, era exigible desde el 22 de octubre de 2012”.
En virtud de la demanda presentada, la institución provincial reclama una pretensión principal: que se declare que la situación jurídica existente responde a un “precario” y que, como tal, pueda resolverse por iniciativa de la propia Diputación. De manera subsidiaria, de no ser estimada la solicitud anterior, se pide la declaración de una situación de comodato, o préstamo de uso, sujeta a un plazo determinado; o, de no atenderse lo anteriormente requerido, se reconozca una relación arrendaticia vinculada a una renta y un plazo determinados.
ANTECEDENTES
Diputación y Junta de Andalucía suscribieron en octubre de 2008 un acuerdo de permuta sobre la Audiencia Provincial. En virtud de este documento se concedía un plazo de cuatro años para que la administración autonómica erigiera la Ciudad de la Justicia de Cádiz sobre el solar de la calle Brunete y en el que se ubicaba la sede del Instituto Nacional de Empleo.
En el acuerdo se consideraban dos inmuebles: el solar dispuesto por la Diputación de una superficie de 8.388 metros cuadrados valorado en 3 millones de euros; y la sede de la Audiencia, aportada por la Junta, que sumaba un área de 2.178 m2 tasada en casi 4,2 millones. La diferencia a favor de la Junta (de unos 1,1 millones) se compensaba con una renuncia a satisfacer las mensualidades de un arrendamiento durante un periodo de cuatro años.
Ese plazo expiró en octubre de 2012 y, aún desde entonces, “no hay nueva sede judicial ni previsión temporal” para su efectiva materialización (ahora se plantea en suelos municipales cedidos gratis en los antiguos depósitos de tabaco), según recoge la demanda.
La situación ocasiona un “desequilibrio económico” para la Diputación de Cádiz y desnaturaliza el acuerdo entre instituciones alcanzado en 2008. En la práctica, la finalidad del contrato carece de plazo determinado y no comporta ninguna contraprestación por la Junta.
En este punto, Ruiz Boix recuerda que la Diputación mantiene servicios públicos en sedes muy dispersas y no todas son titularidad de la institución provincial. De hecho, al alquiler de dichas dependencias se dedica “más de un millón de euros al año”. Si recuperase el inmueble de la Cuesta de las Calesas se podría reducir este gasto público; o bien obtener ingresos si el juez determina el pago de un arrendamiento por el uso de la Audiencia Provincial.
