Ganemos Jerez ha denunciado al Ayuntamiento ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por una posible vulneración de los principios de transparencia, neutralidad institucional y veracidad en la información pública proporcionada a raíz de la nueva tasa de basuras.
Este partido de la oposición considera “especialmente grave” que el equipo de Gobierno del PP haya aprovechado el envío obligatorio de las notificaciones correspondientes a esta nueva tasa para distribuir un folleto “con contenido político y afirmaciones falsas sobre el origen y responsabilidad de la implantación y determinación” de la misma.
Esta carta, en línea con lo que vienen argumentando una y otra vez las derechas, atribuye al Gobierno de España (de PSOE y Sumar) la “imposición” de una ley que obliga a todos los municipios a establecer dicha tasa. Sin embargo, Ganemos precisa que la obligación deriva de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “aprobada por las Cortes Generales como transposición de una directiva europea”.
“El Gobierno no impone leyes. Las leyes las aprueban el Congreso y el Senado. No puede utilizar una comunicación tributaria obligatoria, que llega a todos los hogares, como si fuera un folleto del PP”, se queja la viceportavoz municipal de Ganemos Jerez, Tere Chamizo; quien incide en que “una cosa es explicar una obligación legal y otra muy distinta utilizar dinero y canales de comunicación municipales para trasladar el argumentario político de García-Pelayo. La información institucional tiene que ser rigurosa, objetiva y neutral, no servir para buscar culpables o hacer propaganda”.
“LA SUBIDA NO ES CONSECUENCIA DIRECTA DE LA LEY”
Por otro lado, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta formación municipalista tacha de incorrecta la afirmación de este folleto al apuntar que la nueva tasa “obliga a subir el precio de la basura”.
Al respecto, se señala que la normativa estatal establece que la tasa debe permitir cubrir el 100% del coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, “pero no determina que necesariamente tenga que producirse una subida del recibo en todos los municipios”.
Ganemos Jerez considera igualmente engañosa la afirmación de que la tasa “no es una decisión de la ciudad” y que se aplica “a toda España por igual”. Aunque la legislación estatal establece la obligación de cubrir el coste del servicio, “son los ayuntamientos quienes determinan mediante sus ordenanzas fiscales cómo se concreta la tasa: los criterios e indicadores utilizados, los tramos, la distribución entre personas físicas y jurídicas, las bonificaciones y el sistema específico de cobro”, se replica.
“El Ayuntamiento tiene la obligación de informar, no de hacer campaña política a favor el partido que lo gobierna. Es muy grave que lo haga utilizando un trámite legal como es la notificación oficial del pago de una tasa. Si el PP quiere defender sus decisiones y posiciones, que lo haga desde sus canales de partido y con sus propios recursos y no utilice los recursos de la institución municipal”, recalca Chamizo.
“TENEMOS DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ, OBJETIVA Y NEUTRAL”
En su denuncia ante el Consejo de Transparencia de Andalucía, este partido solicita que se realicen las comprobaciones e investigaciones oportunas para determinar si el Consistorio jerezano ha vulnerado los principios de veracidad y neutralidad institucional.
Y en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas, que se requiera formalmente al Ayuntamiento “el cese inmediato del uso de canales de comunicación obligatoria con fines de difusión de contenido político o falto de rigor informativo”.
“Estamos hablando de algo mucho más importante que un simple folleto -sentencia la concejala Tere Chamizo-. La ciudadanía tiene derecho a recibir información pública veraz, objetiva y neutral, especialmente cuando procede de una Administración y se entrega junto a una notificación tributaria que tiene carácter obligatorio”.
Ganemos sentencia que “los recursos municipales son de todos. No son patrimonio del gobierno de turno ni pueden convertirse en una herramienta de propaganda del PP”.
