Número 5.617 – Año XXIII 5 de octubre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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“Tres años sin dar señales y ahora que hay presión pública, la propiedad aparece con una oferta que ignora la realidad y necesidades de estos vecinos”, denuncia el Sindicato de Inquilinas. PP y AIG llevan al pleno mociones señalando a la Sareb.

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Tras verse en la calle y no encontrar alquileres viables, la familia ocupó este piso municipal vacío. Y el Ayuntamiento gaditano los ha denunciado por la vía penal “con la intención de criminalizar la pobreza”, repiten desde la Apdha. IU sondea trasladar el caso al Defensor del Menor.

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Las familias alquiladas en esta finca en el centro de Cádiz sobreviven entre escombros, humedades, ratas y cucarachas, sin que la propiedad haya reaccionado antes los requerimientos del Ayuntamiento; hasta ahora, que esta situación indigna ha saltado a los medios. El Sindicato de Inquilinas pone en valor la presión social.

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Cossi ha descartado que los residentes de esta finca en el centro de Cádiz “corran riesgos”, aunque el último informe municipal apunta que “no reúne las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad”, más allá de las ratas y cucarachas. A juicio de IU es un caso excepcional y el Ayuntamiento debe buscar alternativa habitacional.

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La Apdha se ha hecho eco las condiciones insalubres y peligrosas en las que malvive una familia con hijos en una finca de la calle Javier de Burgos, propiedad de la Sareb. La entidad ignora los requerimientos de Urbanismo para acometer obras de seguridad, por lo que se insta al Ayuntamiento a intervenir de forma subsidiaria.

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Estos inquilinos, que siguen pagando sus rentas pese a tener el contrato vencido, se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas para defender su derecho a seguir viviendo en sus casas, pese a presiones y obras sin licencia de la promotora e inmobiliaria que persiguen echarles para promover viviendas de lujo.

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La Apdha se ha concentrado junto al solar de Casitas Bajas para volver a exigir que esta parcela se destine a viviendas públicas para alquiler social. También se pide la regulación de los alquileres, el freno a los pisos turísticos y el fin de los desahucios sin alternativa habitacional.

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AVVApro considera una “oportunidad” la moratoria en las altas de nuevas VUT aprobada por el Ayuntamiento, pero pide participar en la nueva regulación “justa y consensuada”. Defiende el “impacto positivo” que estos polémicos alojamientos “han demostrado tener en la ciudad”.

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Los interesados en optar a uno de estos futuros pisos municipales deben estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda. Y sin dejar el centro, una promotora proyecta 40 viviendas de renta libre en la ruinosa Casa de la Aduana.

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A partir de esta modificación del PGOU respaldada por PP, PSOE e AIG, que congela los registros tres años, se encargará un estudio sobre los niveles de presión turística y se trabajará en una ordenanza para la regulación de las VUT. IU lamenta que este paso “no revierte la situación” de turistificación que ya se sufre en la capital.

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El consejo de Procasa ha aprobado la solicitud al Ayuntamiento de Cádiz de la cesión del suelo para la reforma de esta barriada y el estudio de detalle de la unidad de ejecución, con 198 viviendas, algunas menos que las planteadas en el pasado mandato. “Todas protegidas”, replica el Gobierno local del PP a AIG.

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La Apdha ha vuelto a arropar a esta madre con dos hijas, que un mes después de ser desalojada del piso que ocupó ilegalmente permanece en el albergue municipal; y ha convocado movilizaciones para seguir denunciando este caso concreto, y además “la falta de políticas públicas eficaces” en materia de vivienda.