La Junta “no ha dejado de trabajar” en la búsqueda de alternativas para seguir adelante con el proceso para el alquiler de un local para el traslado de los juzgados de San Fernando –en condiciones más que mejorables-, después de que el primer procedimiento quedara desierto. Es la respuesta del delegado del Gobierno andaluz después de que el alcalde isleño haya acusado al Ejecutivo regional de “perjudicar” dicho proceso de licitación, mientras que en otro similar en La Línea, las condiciones del mismo eran “mucho más favorecedoras”. Mientras, el PA aboga por “desechar el ‘y tu más’, que no aporta ninguna solución a los problemas reales”.
La Junta de Andalucía “no ha dejado de trabajar” en la búsqueda de alternativas para seguir adelante con el proceso para el alquiler de un local para el traslado de los juzgados de San Fernando –en condiciones más que mejorables desde hace años- a una nueva sede temporal, después de que el primer procedimiento quedara desierto. Es la respuesta del delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, después de que el alcalde isleño, José Loaiza, haya acusado al Ejecutivo regional de “perjudicar” dicho proceso de licitación, mientras que en otro similar en La Línea, las condiciones del mismo eran “mucho más favorecedoras” para que saliese adelante todo el procedimiento.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, López Gil ha recalcado que es un “objetivo prioritario” para la Junta que todas las sedes judiciales reúnan las mejores condiciones de calidad tal como demandan los usuarios y actores judiciales. Pero también ha puesto de relieve ante las críticas efectuadas por el alcalde conservador que “es una obligación de los representantes públicos gestionar los recursos tratando de obtener el máximo rendimiento, racionalizando mucho más el gasto y siendo más eficientes y eficaces”. “Sin duda, las declaraciones de Loaiza obedecen a que no es un administrador acostumbrado a esa gestión responsable y sin despilfarros del dinero de todos los ciudadanos”, ha apostillado.
E insiste en que en el caso del procedimiento para el alquiler de un nuevo emplazamiento temporal para los juzgados de La Isla, la Junta está realizando un esfuerzo económico y ampliando los costes ante las necesidades de traslado de la sede judicial en un marco en el que los costes de los alquileres de oficinas para juzgados se han reducido casi un 30% por ciento en el resto de la provincia.
“Los estudios del mercado inmobiliario de la localidad nos hicieron sacar la anterior oferta con el conocimiento de que existen locales adecuados sin uso ni actividad económica, y con precios que se podían adecuar a nuestras necesidades, que son las de tener infraestructuras de calidad al menor coste posible”, ha explicado López Gil.
El delegado del Gobierno ha lamentado que “el alcalde de San Fernando, en lugar de entender como algo positivo que se trate de sacar el máximo partido a los fondos públicos sin que exista despilfarro, responda con ataques que –a su entender- solo tratan de esconder sus vergüenzas y crear una cortina de humo sobre sus propios problemas para gobernar la ciudad, como es el caso de las consecuencias que tendrá para la localidad el posible cierre del Centro de Formación de Tropa número dos de Camposoto”. Un cierre, que en todo caso, no depende para nada del Consistorio.
Loaiza se preguntaba por qué el contrato para los Juzgados de San Fernando detalla un precio de alquiler de 3,926 euros el metro cuadrado mientras que para La Línea, este precio se incrementaba hasta los 7,84 euros. Llega a la conclusión de que esta discriminación en las cuantías es lo que ha motivado que el contrato quedase desierto, “al fijar para nuestra ciudad un precio que no se corresponde con la realidad del mercado, por tanto que no interesa a ningún arrendatario, y que deja estancado el proceso”.
Para el regidor popular, se trata de “una nueva maniobra de la Junta para perjudicar a San Fernando, para lesionar a los isleños, mientras que a otra población se le favorece y allana el camino”.
SE SIGUE BARAJANDO EL TRASLADO
Por otro lado, López Gil ha especificado que desde que el primer trámite quedara desierto, la Junta de Andalucía ha seguido trabajando y se siguen estudiado diversas fórmulas para seguir adelante con el traslado de la sede a un nuevo emplazamiento. Entre ellas, se estudia la posibilidad de volver a sacar a licitación el alquiler con nuevas condiciones que abran más el abanico de empresas que puedan concurrir en el proceso, “y siempre desde la máxima del menor coste posible para la administración, ya que la austeridad debe ser la que se imponga en todo momento”, ha enfatizado.
La consejería de Justicia e Interior de la Junta ha ahorrado más de un millón de euros en alquileres de las sedes judiciales de la provincia de Cádiz durante el pasado año 2013, lo que ha supuesto una reducción del 28% del gasto destinado a estos arrendamientos. En concreto, se ha pasado de pagar 3,67 millones en 2012 a los 2,65 abonados en 2013 por este concepto.
“NO PODEMOS PERDER TIEMPO EN ENFRENTAMIENTOS Y DISCUSIONES INMOBILIARIAS”
Mientras, el líder del PA en San Fernando y primer teniente de alcalde, Francisco Romero, al hilo de este cruce de declaraciones, ha salido a la palestra para evidenciar que “los enfrentamientos y las discusiones inmobiliarias que han establecido los dos grandes partidos en torno al traslado del Palacio de Justicia de nada ayudan a que San Fernando cuente con la sede judicial que se merece”.
“A los isleños no les interesa saber si el metro cuadrado es más caro en La Línea que en su ciudad, lo que sí les preocupa es que la Justicia se sigue administrando en unas instalaciones que no son ni dignas ni adecuadas para ello y que la solución a este problema parece tan lejana como siempre. Ha llegado la hora de dar soluciones y ser responsables. En estos tiempos es necesario más que nunca diálogo, consenso y entendimiento entre los responsables políticos y desechar el ‘y tu más’, que no aporta ninguna solución a los problemas reales de los isleños. No se escucha a la ciudadanía y ese es el gran error que una y otra vez insisten en cometer”, considera el andalucista, socio de gobierno del PP en el Consistorio.
Con todo, Romero dice seguir apostando por una “solución definitiva” a este problema y por que la Junta haga efectivo su compromiso de levantar un nuevo Palacio de Justicia en el solar que el Ayuntamiento le cedió para tal fin en la Avenida Constitución, junto a la Comisaría de Policía Nacional, hace más de un década.
