El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando urge a la Junta a abrir un nuevo centro de soldadura después de que la delegada territorial de Empleo “admita el error” de cerrar el CTI, que funcionaba en La Isla hasta finales de 2013. Además, Loaiza exige una auditoria para aclarar las “irregularidades” del anterior consorcio y pide a la administración regional que asuma el coste de la liquidación.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando, José Loaiza, urge a la Junta de Andalucía a abrir un nuevo centro de soldadura después de que la delegada territorial de Empleo, Gema Pérez, “admita el error” de cerrar el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), que funcionaba en La Isla hasta finales de 2013.
La necesidad asumida por esta representante del Gobierno andaluz en la provincia se produce como consecuencia de una necesidad formativa de cara a los encargos que hoy día sí tienen los astilleros de la Bahía de Cádiz.
A decir del exalcalde conservador, “la delegada le da la razón al PP. El Gobierno andaluz ha sido el único responsable de que se hayan perdido tres años de formación para desempleados en uno de los sectores, el naval, que, como se ve, es uno de los principales nichos de empleo actuales en la provincia”.
En este sentido, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Loaiza reprocha al PSOE y al Gobierno andaluz su “cinismo político” respecto a la formación para el sector naval y aeronáutico y agrega que “dejen de tomarles el pelo a los gaditanos y actúen de una vez”. “No basta con reconocer errores; es necesario que aclare el lío formado con el consorcio anterior y ponga en marcha recursos formativos para los desempleados”, apostilla.
Este concejal del principal partido de la oposición en La Isla exige además la elaboración de una auditoria para aclarar las, a su entender, “irregularidades” del anterior consorcio del CTI, y pide a la Junta que asuma el coste de la liquidación. Hace unos días, Ayuntamiento y Junta se han sentado de nuevo para abordar esta liquidación de forma consensuada y sin enfrentamientos.
Asimismo, insta al Gobierno regional a que “no confunda con mentiras”, recordando que “hay una sentencia firme que condena a la Junta a pagar una deuda de alquiler de 677.000 euros” y hay serias dudas sobre la propiedad de la maquinaria, valorada en 2 millones de euros, después de que la Junta la abandonara hace tres años.
Por último, la derecha reclama a la Junta que colabore con la Justicia, “que investiga una gestión plagada de anomalías que están pagando los desempleados gaditanos”.
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