IU en San Fernando ha registrado una petición para canalizar, desde el Ayuntamiento, la retirada de la conocida como Ley Mordaza, que ha entrado en vigor el 1 de julio. De acuerdo con la misma, aprecian los izquierdistas, las últimas concentraciones y movilizaciones sucedidas en La Isla podrían ser ilegales, como las manifestaciones de Navantia o la marcha de taxis contra el supuesto cierre del Cefot.
El coordinador local de IU en San Fernando, Gonzalo Alías, ha registrado una petición para canalizar, desde el Ayuntamiento, la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por el Gobierno central del PP, más conocida como Ley Mordaza, que ha entrado en vigor el 1 de julio. De acuerdo con la misma, aprecian los izquierdistas, las últimas concentraciones y movilizaciones sucedidas en La Isla podrían ser ilegales, como las manifestaciones de Navantia o la marcha de taxis contra el supuesto cierre del Cefot de Camposoto.
Esta formación, ahora sin representación en el Consistorio, más allá de reclamar la retirada de la ley, solicita incluir este tema en el orden del día del próximo pleno ordinario. Del mismo modo, busca consensuar un debate entre las fuerzas políticas para “elaborar democráticamente un texto que regule la seguridad ciudadana como un problema social y no como medio de represión”. También solicita la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, promotor de esta ley, que incluye las conocidas “devoluciones en caliente” en su articulado.
IU repasa en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la Ley Mordaza sólo ha sido aprobada por el PP, mientras que toda la oposición ha votado en contra. Aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, está en vigor desde el pasado 1 de julio, “pudiendo reprimir la protesta que las autoridades estimen”. A día de hoy, las infracciones penales tipificadas como faltas pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
La potestad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas -hasta 600.000 euros para las infracciones muy graves- y la fijación al reglar conductas habituales en las protestas definen a esta ley como “la Ley Mordaza”. También legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación, recogidos en la Constitución como derechos fundamentales.
Entre las nuevas figuras sancionables, considera las concentraciones ante los parlamentos, la escalada en fachadas oficiales o los escraches. Así mismo, sanciona las capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos y apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.
El Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, ya ha calificado la ley de “altamente problemática”.
“La democracia es expresión y la seguridad, protección de libertades públicas, no cercenamiento. Esta ley crea un estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, inadmisible en un país democrático”, insisten desde IU en La Isla, que entiende que hay que combatir los delitos “de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo”.
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