Izquierda Unida en San Fernando considera pertinente que, “tras cincuenta días de confinamiento y, por respeto a la democracia”, se haga público un informe sobre el trabajo realizado por las diferentes áreas del Ayuntamiento así como del desarrollado por la oposición.
“La ciudadanía merece conocer el destino de las asignaciones y salarios de los representantes públicos durante este periodo”, en el que la alcaldesa, Patricia Cavada, además, ha suspendido “por segunda vez y sin justificación”, la celebración del pleno ordinario mensual.
El coordinador local de IU, Gonzalo Alías, demanda este ejercicio “de responsabilidad y transparencia” que, entiende, debe liderar la primera edil socialista presentando un informe de gestión del trabajo realizado durante este periodo por el Gobierno bipartito: “sin la realización de los plenos, ¿cómo justifican los salarios y las asignaciones?”, insiste.
En este sentido, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, esta formación izquierdista sin representación en el Ayuntamiento se pregunta: “¿dónde han estado este mes los concejales de Ciudadanos con 3.527 euros de sueldo y los demás miembros del Gobierno local, asesores incluidos? ¿Han elaborado algún plan desde Juventud, Fiestas o Mujer, o se ha realizado algún trabajo concreto desde el Área de Urbanismo y Medio ambiente? ¿Cómo justifican los salarios y las asignaciones los grupos políticos en este periodo de inactividad? ¿Por qué ninguno de estos grupos ha mostrado, como mínimo, algún gesto en este sentido?”.
En el mismo sentido, Alías considera, mirando a los portavoces de la oposición, que “no se puede cobrar 3.527 euros al mes, como José Loaiza o Fran Romero, por publicar notas de prensa. La ciudadanía tiene el derecho a conocer dónde está la productividad de esos salarios en este periodo de inactividad”.
IU también piensa que es obligado conocer la justificación de la suspensión del pleno del mes de abril, “cuando ya en la provincia hay municipios que los están celebrando telemáticamente; y, sobre todo, porque la celebración de plenos telemáticos es la norma en las ciudades de más de 50.000 habitantes”. El PP, al respecto, ya acusaba al Gobierno isleño de “secuestrar la democracia”.
