Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma el fallo de diciembre de 2021 del Contencioso-Administrativo, que estimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento roteño contra la Junta, ya en manos del PP, por negarse a cancelar el código de explotación de la ganadería cuyo cese se ordenó en 2015.
El desmantelamiento de la controvertida explotación ganadera ubicada hasta no hace mucho tiempo en las inmediaciones de la avenida de la Matea, en Rota, sigue generando resoluciones judiciales; en esta ocasión una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirma el fallo de diciembre de 2021 del Contencioso-Administrativo, que estimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la Junta de Andalucía por negarse a cancelar el código de explotación de la ganadería cuyo cese se ordenó en 2015.
Los hechos se remontan al inicio del procedimiento de ejecución subsidiara puesto en marcha por el Consistorio roteño para el cumplimiento forzoso de la orden de cierre de esta vaqueriza, después de haber obtenido la resolución de cese, hasta tres pronunciamientos judiciales diferentes que avalaban la legalidad de dicha resolución y el deber de acatarla y ejecutarla, por entender los tribunales que dicha explotación generaba un problema de salubridad pública y que por consiguiente primaba el interés general de la salud de las personas ante el interés exclusivamente particular del ganadero.
En el marco de dicho procedimiento, el Ayuntamiento solicitó colaboración de la Junta, instándole a que cancelara el código de explotación de dicha ganadería (que gestiona al tener las competencias en esta materia), con el objeto de que la actividad declarada ilegal no pudiera seguir desarrollándose.
Sin embargo, se remarca en la información municipal recogida por DIARIO Bahía de Cádiz, pese a la existencia de esa obligación legal de colaborar, la delegación territorial correspondiente (ya en manos del PP) dictó una resolución de fecha 5 de marzo de 2020, por la que denegaba la cooperación, con el argumento de que el código de explotación de la ganadería sólo se cancelaría cuando la misma se hubiera desmantelado de cabezas de ganado. “Posicionamiento en todo momento absurdo e incoherente, toda vez que la colaboración precisamente se solicitaba para conseguir dicho desmantelamiento”, se aclara desde el Gobierno local del PSOE.
“BUSCABAN DESENTENDERSE DEL PROBLEMA”
La “inconsistencia legal” del argumento esgrimido por la Junta, y el hecho de que quisieran desentenderse de un problema donde estaba en juego la salud de la ciudadanía, es lo que motivó que por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento se impugnara dicha resolución. Y pese a que la administración andaluza también se opuso al recurso, finalmente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz daba la razón al Consistorio, recriminando a la Junta de Andalucía su “falta de colaboración” en un asunto “tan sensible y delicado para la salud pública” como éste, al mismo tiempo que le condena a que colabore con el Ayuntamiento para que se haga cumplir el desalojo de la ganadería que había sido declarada ilegal.
Dicha sentencia de primera instancia de diciembre de 2021 fue recurrida por la Junta al TSJA, que ahora falla, dando de nuevo la razón a la administración local, confirmando la sentencia de primera instancia e imponiéndole el pago de las costas.
Con todo, este fallo del TSJA llega tarde y ya no tiene mucha razón de ser, pues el Ayuntamiento consiguió al fin “sin ayuda alguna”, desmantelar dicha instalación; “pero sí pone en evidencia el incumplimiento del deber de lealtad institucional de la Junta de Andalucía para con nosotros”, se sentencia.
