Los derechos laborales de los trabajadores de la Base Naval de Rota (también los de la sevillana de Morón) están limitados por el Anejo 8, de asuntos laborales, que forma parte también del convenio bilateral entre España y EEUU. Así, el personal laboral local (PLL), entre otras cuestiones, lleva ya dos años sin ninguna subida salarial con lo que supone en un contexto de inflación.
Tanto el personal de las administraciones americanas como españolas en esta base militar de uso conjunto han actualizado sus salarios, pero no ha sido así este personal laboral local. El IPC acumulado en los últimos 10 años se eleva al 24%, sin embargo “estos trabajadores han tenido unas subidas en este mismo periodo que van del 2,45% al 12,13% en el mejor de los casos y dependiendo de las categorías y niveles”, denuncian desde CCOO.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, los representantes de este sindicato del personal laboral local que trabaja para la administración de EEUU en Rota aseguran que llevan años denunciando el perjuicio que para ellos supone ese Anejo 8 del convenio bilateral de 1988, “en el que se limita la negociación colectiva en aspectos laborales y administrativos tan fundamentales como son la negociación del salario, la clasificación del personal o los requisitos de cualificación, entre otros”. Las modificaciones hasta el momento “siempre han ido encaminadas al aumento de la presencia militar, pero no a la eliminación de la limitación que supone el Anejo 8”.
De hecho, se señala que en una reunión con el director general del personal del Ministerio de Defensa en su visita reciente a la Base de Rota se volvió a exponer este problema arrastrado durante años, pero “sin ninguna respuesta concreta para solucionar esta situación insostenible para toda la plantilla española”.
En este punto, CCOO aclara que no solo afecta a personal en Rota, también afecta al de las bases de Morón, Madrid y Valencia, “un total de 1.092 trabajadores”. Además, dice haber solicitado repetidamente la información de la encuesta salarial, así como la participación en la misma, recibiendo siempre una respuesta negativa.
Así, se exige a Defensa que exija a la administración norteamericana que se ejecute la subida salarial de 2023 y de 2024, “que no sea discriminatoria por niveles y/o categorías profesionales y que esté acorde al nivel de vida que hay en las provincias afectadas”. “Excusas como que no han tenido un analista para realizar el estudio y determinar los porcentajes de subida resultan del todo absurdas y entendemos que nuestro Gobierno (de España) debe defender nuestros derechos y no mirar para otro lado”, sentencian desde Comisiones, al tiempo que piden una reunión con la ministra Margarita Robles cuando esté de visita por la Base gaditana.
“SE NOS ESTÁ DEJANDO EN TIERRA DE NADIE”
De la misma manera, la sección sindical de CSIF en la Base Naval de Rota (y la de Morón) ha denunciado el incumplimiento del convenio colectivo por parte de EEUU a la hora de la realización de las revisiones salariales al personal laboral local, “que están pendientes de ser concretadas y aplicadas desde 2023”. El convenio actual, que data de 2011, deja en manos de la Administración norteamericana estas revisiones salariales, ya que estipula que “se llevarán a cabo por las fuerzas de los EEUU según la normativa aplicable en la administración americana”.
El presidente del comité de empresa y delegado de CSIF, Diego Lucero, reitera que “estamos a mediados de 2024 y nuestros compañeros todavía no saben cuál va a ser la subida salarial de 2023 ni la de 2024”, al tiempo que ha recordado que “llevamos reclamando un cambio en esta manera de funcionar en todas las reuniones oficiales que ha mantenido con las administraciones, tanto la española como la americana, en las que se nos dice repetidamente que no tenemos derecho legal de acceso a la estadísticas (basadas en unas encuestas salariales y a partir de las que se supone que se establecen las subidas) ni a los datos que las soportan”.
“La conclusión que sacamos -insiste Lucero- es que existe una aparente falta de recursos de personal y de organización por parte de la Administración que ha provocado el retraso que nos encontramos”; una de las consecuencias de dicha demora es que “ya existe en estos momentos una categoría laboral cuyo sueldo bruto se encuentra por debajo del Salario Mínimo Profesional (SMI) y varias que lo rozan”.
Asimismo, “desde el CSIF creemos que la Administración española y su Gobierno no emplean la suficiente energía en la defensa de un colectivo como el nuestro de trabajadores públicos contratados por el Ministerio de Defensa, y de los que son nuestros responsables como patronos”.
“A los trabajadores, que realizamos en nuestra mayoría todo nuestro trabajo en el idioma inglés, y realizamos nuestra actividad laboral integrados en equipos de doble nacionalidad, se nos está dejando en tierra de nadie, pero luego se nos pide que formemos parte del equipo”, ha lamentado el presidente del comité.
