CSIF en el Ayuntamiento de Puerto Real califica con “un suspenso” la gestión llevada a cabo por la alcaldesa, Maribel Peinado, en materia de Recursos Humanos, durante el presente mandato que ahora finaliza. Se recuerda la cantidad de sentencias condenatorias contra el Consistorio estos años y la reiterada falta de voluntad de negociar una Relación de Puestos de Trabajo municipal.
La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Puerto Real califica con “un suspenso” la gestión llevada a cabo por la alcaldesa, Maribel Peinado, en materia de Recursos Humanos, durante el presente mandato que ahora finaliza.
Este sindicato reconoce que, en su momento, esperaba la llegada del nuevo equipo de Gobierno del PA como “una fuente de esperanza” para la resolución de los numerosos problemas que los trabajadores de esta administración local venían padeciendo tras el anterior mandato. Sin embargo, “estos problemas, lejos de solucionarse, fueron rápidamente agudizados, haciéndose oídos sordos a las reivindicaciones de los representantes sindicales, los cuales vieron rápidamente frustradas toda esperanza de mejorar las condiciones laborales y solucionar los diferentes problemas y agravios comparativos existentes”.
Así, los representantes sindicales se han visto obligados a abandonar las pretensiones iniciales, por tener que centrarse en defender los antiguos acuerdos laborales que poseían los trabajadores municipales, “dado que el equipo de Gobierno, tras aprobar la desmesurada subida de sueldo de la alcaldesa, procedió a intentar la aplicación de una serie de recortes laborales aún mayores que los que imponía el Gobierno central”, se asegura en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Al mismo tiempo se inició la contratación de personal de confianza o mediante contratos laborales de alta dirección como el que se realizó en julio del 2011 para el cargo de Jefe de Personal y Relaciones laborales, “mediante el cual la persona contratada estuvo percibiendo unas retribuciones de más de 54.000 euros anuales”. Un contrato que “se realizó sin el preceptivo procedimiento de selección regulado en el Estatuto del Empleado Público, en el que se establecen la obligación de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y libre concurrencia”, insisten desde CSIF.
Todo ello, se añade, “con el agravante de que la persona contratada, durante el tiempo que estuvo ejerciendo creó un caos organizativo plagado de irregularidades al tiempo que se beneficiaba del cobro de gastos de viaje y dietas para asistir a los numerosos cursos que él mismo se aprobaba para favorecer el engorde de su currículo”. Unos cursos que “supusieron un considerable gasto de las arcas municipales, pese a que no le correspondía al ser personal de alta dirección, el cual no le es de aplicación el convenio laboral, algo que pese a haber sido denunciado por los órganos de representación, el Gobierno local no mostró interés en reclamar la devolución de las cantidades que al parecer fueron indebidamente abonadas”.
No obstante, “gracias a la denuncia de los representantes de los trabajadores”, la alcaldesa andalucista tuvo que rescindir ese contrato, al igual que tuvo que anular los numerosos nombramientos de cargos de coordinación de actividades inexistentes en la RPT que fueron promovidas por este jefe de Personal, “los cuales llevaban parejos importantes incrementos retributivos en concepto de productividad”. Unas figuras inventadas por este Gobierno local que obligó a la Junta de Personal y al comité de empresa a presentar numerosas demandas, que derivaron en sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento y que han obligado a la anulación de estos cargos habiendo supuesto así mismo condena en costas a la administración, “que sin duda debe ser considerado como un despilfarro económico de los recursos procedentes de los impuestos de la ciudadanía de Puerto Real”.
Un conjunto de sentencias que, para CSIF, “vienen a demostrar la prepotencia con la que el equipo de Gobierno de Maribel Peinado ha estado queriendo imponer la desastrosa organización de los recursos humanos del Ayuntamiento, facilitando la proliferación de injustos agravios comparativos en el trato retributivo, mostrando así mismo un considerable desinterés en materia de seguridad y salud laboral, algo que han supuesto varios requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Otro asunto que ha sido denunciado públicamente de forma reiterada ha sido la falta de voluntad para negociar formalmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración local. Pese a que al principio de su mandato se contrató “de forma poco clara y sin que se haya conseguido saber la cantidad pagada a una empresa de auditores” para que elaborase una propuesta de RPT y la valoración de los mismos, algo fundamental para desarrollar adecuadamente la organización de los Recursos Humanos del Consistorio y determinar de forma consensuada los diferentes puestos de trabajos necesarios, así como las retribuciones correspondientes en función a las condiciones de responsabilidad, penosidad, peligrosidad y régimen de incompatibilidad de cada puesto de trabajo.
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