Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real ha recibido un escrito de la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta en el que asume que la autorización que había concedido al Consistorio para la construcción del aparcamiento en altura del pabellón “había caducado”. Ahora la administración debe solicitar una nueva autorización si quiere seguir con este controvertido proyecto. El partido verde mantiene la esperanza de que este proyecto “inútil y ruinoso” de 2 millones de dinero público “no salga adelante”.
Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real ha recibido recientemente un escrito de la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que asume que la autorización que había concedido al Consistorio para la construcción del aparcamiento en altura del pabellón “había caducado”, como desde este partido se le había alertado. Ahora la administración debe solicitar una nueva autorización si quiere seguir con este controvertido proyecto.
“Tenemos la esperanza de que el procedimiento se retrase lo suficiente como para llegar al final del mandato y que el próximo Gobierno municipal pueda paralizarlo. Lo que sin duda haremos nosotros si llegamos a gobernar, pues otra deuda de 2 millones de euros sería la puntilla para las deterioradas arcas municipales”, señala Alfredo Charques, secretario de Organización de Equo.
Por su parte, María Merello, coportavoz del partido, mantiene la postura beligerante con la Junta por su “pasiva actitud” ante este proyecto que “tiene todos los ingredientes para ser una ilegalidad”: “estamos seguras de que si no hubiéramos presionado con nuestros escritos no hubieran iniciado expediente de caducidad de la autorización que habían concedido. Nos vamos a personar en el nuevo expediente de autorización y llegado el momento vamos a alegar”.
Finalmente, el concejal y portavoz de Equo, Iván Canca, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, insiste en alertar de “las múltiples irregularidades” que rodean a este proyecto: “el expediente de encomienda de gestión a la empresa pública fue un dislate, sin estudio de movilidad previo que justifique el aparcamiento y ausencia de fiscalización exhaustiva de la intervención municipal. Además se trata de un proyecto a 30 años vista sustentado en una autorización de uso del espacio de cuatro años”. Entiende que el proyecto “no resistiría ningún análisis económico riguroso, pero sigue adelante porque lo están haciendo todo al estilo compadre. Arriesgando 2 millones de euros de las arcas municipales. Para los andalucista es fácil jugar con el dinero de los demás”.
