Los intentos del PA en el Ayuntamiento de Puerto Real, ahora principal partido de la oposición, de empañar la gestión del actual equipo de Gobierno querellándose contra el alcalde por aplazar tres meses el desahucio de la Casa Club del campo de golf, han quedado frustrados. La juez ha decidido el sobreseimiento de esta causa, ya que no encuentra delito alguno en la actuación. Romero se queja de que lo único que buscan los andalucistas yendo a los juzgados “es intentar que la población crea que nosotros somos iguales que ellos, y eso es imposible”.
Los intentos del extinto PA de empañar la gestión del actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real, de Sí se puede Puerto Real y Equo, querellándose contra el alcalde Antonio Romero por aplazar tres meses el desahucio de la Casa Club del campo de golf, han quedado frustrados. La juez ha decidido el sobreseimiento de esta causa, ya que no encuentra delito alguno en la actuación que originó la querella del principal partido de la oposición.
La acusación de los andalucistas de prevaricación, alegaba que Romero había retrasado tres meses la ejecución del desahucio de esta Casa Club, un desahucio que se dictaba tras diez años de ocupación de un terreno sin regularizar.
No obstante, y según consta en el auto de la juez, “no concurren los requisitos necesarios para la apreciación de tipo penal de prevaricación”. Tal y como señaló el primer edil cuando acudió al Juzgado a declarar por este caso, el pleno aprobó por mayoría el aplazamiento de la ejecución, que además contaba con los preceptivos informes jurídicos y técnicos, por lo que no fue una decisión arbitraria que causara una injusticia manifiesta al interés público.
Así también, el Juzgado ha entendido perfectamente que después de diez años (desde 2005) que la Casa Club estaba siendo ocupada de manera irregular, el hecho de demorar tres meses su desalojo no producía perjuicio alguno a la ciudadanía ni al Ayuntamiento, comprendiendo que era más razonable hacerlo de forma ordenada. Prueba de ello es que la propia empresa entregó voluntariamente el terreno el 3 de marzo de 2016.
El alcalde de la agrupación de electores promovida por Podemos entiende en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “la cuestión de fondo no es que el PA quiera garantizar la legalidad en el Ayuntamiento, eso sería poco menos que ridículo; la cuestión es intentar que la población crea que nosotros somos iguales que ellos, pero eso es imposible porque la insolencia política de este grupo no tiene comparación”.
“Lo único consiguen con estas acciones es hacernos perder el tiempo, malgastando recursos públicos humanos y materiales que deben estar al servicio de la gente y no de los intereses de un grupo. Afortunadamente, esta actitud es minoritaria en la Corporación, y estamos gobernando llegando a acuerdos o dirimiendo con diálogo nuestras diferencias políticas, y no interponiendo querellas, que no llegan a ningún sitio”, añade Antonio Romero.
En cualquier caso, sentencia el alcalde, “ha quedado demostrado que no tenemos interés personal ninguno en estar al frente del Ayuntamiento, y de ello dan fe no sólo nuestra gestión administrativa, sino nuestra vocación política, que demostramos todos los días, con mayor o menor acierto, pero siempre pensando en que hay otra forma de liderar las instituciones, pensando en el bien común y en el interés público para lograr mejorar la vida de la gente”.
EL PA RESPONDE QUE NO QUIERE “POLITIZAR LAS CUESTIONES JUDICIALES”
El PA en el Ayuntamiento, tras conocer la información difundida por fuentes municipales, replica que seguirá ejerciendo su derecho a fiscalizar la labor del Gobierno local, “actuando ante las instancias competentes en todos aquellos asuntos que resulten susceptible de serlos en aras de la transparencia democrática y la justicia”.
Además, subraya que este sobreseimiento no es firme, y añade que “mientras no haya un pronunciamiento firme procurará respetar y no politizar el trabajo judicial no entrando a valorar de forma pública o política las cuestiones que se derivan de la causa”.
En el mismo sentido, aclara que se querelló en enero de 2016 pero no lo hizo público entonces “en aras de no politizar las cuestiones judiciales”; y anota que este asunto trascendió a los medios en agosto “a raíz de que miembros del equipo de Gobierno lo hicieron público”.
Finalmente, la formación regionalista insiste en que como oposición, es su responsabilidad “conocer cuáles son los intereses generales que hay detrás de este asunto, y por qué el Ayuntamiento le ha entregado en precario, a través de un decreto de Urbanismo a una empresa con ánimo de lucro y sin contraprestación alguna, el uso de esas instalaciones tras la tramitación presuntamente irregular del procedimiento administrativo de desahucio”. Al respecto, ha solicitado la constitución de una comisión informativa especial, “que está pendiente de que el alcalde la convoque”.
PODEMOS ESPERA DEL PA SE DEDIQUE “DE UNA VEZ” A TRABAJAR
Por su lado, Podemos Cádiz espera que el PA, a partir de ahora, se dedique “de una vez” a trabajar por Puerto Real “y deje de colocar piedras en el camino del equipo de Gobierno”.
“Es la segunda denuncia que archiva la Justicia en lo que va de mandato lo que demuestra el interés por parte del PA de judicializar la política”, afirma José Ignacio García, miembro del equipo provincial de Podemos.
De este modo, la formación morada lamenta esta práctica “de la vieja política” en las localidades en la que gobiernan: “por desgracia en lugar de realizar una oposición leal y constructiva se dedican a embarrar y entorpecer el trabajo diario de los ayuntamientos». Por ello, exige que le dejen trabajar por la gente, “que es para lo que hemos venido”, en lugar de “perder el tiempo en procesos judiciales que no benefician en nada a la ciudadanía y que sólo provoca un gasto innecesario de recursos”.
Y ante la decisión de los andalucista de recurrir el archivo, Podemos destaca que “siempre respetaremos la decisiones judiciales”. Sin embargo “las necesidades de Puerto Real no pueden esperar y es la obligación de todos mejorar la situación que atraviesa la ciudad. Pues es para eso nos eligieron en las urnas”.
PARA EQUO “JAMÁS HA EXISTIDO UNA OPOSICIÓN TAN DESTRUCTIVA E INÚTIL”
Y Equo afirma que el PA “ha hecho de nuevo el ridículo” en este asunto de Villanueva Golf. “Con estas actitudes los andalucistas pueden espantar inversiones, demostrando que les importa bien poco Puerto Real”, entiende el socio de gobierno de Sí se puede Puerto Real.
Recientemente los andalucistas llegaban a decir que Iván Canca, ya exconcejal verde, tendría que declarar en este tema: “tan nimio es el asunto que ni el juzgado ni fiscalía han visto necesaria la declaración de Canca para que pudiera defenderse. A pesar de que los andalucistas han solicitado con insistencia al juzgado que se le citara. Síntoma inequívoco de que la única intención del extinto PA es montar un circo mediático que se les ha derrumbado pues estaba montado sobre una gran mentira”.
Añade esta formación que “hay que tener la cara muy dura” para afirmar públicamente que van a “procurar respetar y no politizar el trabajo judicial no entrando a valorar de forma pública o política las cuestiones que se derivan de la causa”. Y eso lo dicen “después de haber filtrado a la prensa la fecha y hora de la comparecencia del alcalde en el juzgado para que le esperaran todos los medios en la puerta, después de haber emitido un comunicado en el que adelantaban la citación de Iván Canca como si ellos mismos impartieran justicia, anunciaran la creación de una comisión de investigación sobre el tema e incluso cometieran la desfachatez de difamar a la familia del exconcejal”. Acto este último “especialmente grave ya que forma parte de una invención canallesca, pues ni siquiera en los escritos que presentan en el juzgado hacen la más mínima referencia a este asunto”.
Así, Equo en el Ayuntamiento está analizando la posibilidad de denunciar al grupo andalucista por las calumnias vertidas sobre un exconcejal “sin la más mínima prueba”.
“Posiblemente no ha existido jamás en Puerto Real una oposición tan destructiva e inútil para la ciudad como la que están ejerciendo los andalucistas. Obstaculizando al Gobierno e instrumentalizando la justicia por intereses espurios”, sentencia la formación verde, que interpreta que “no es más que una venganza: primero el rencor que mantienen al actual bipartito por haberles arrebatado legítimamente en las urnas el gobierno de Puerto Real, algo que parece nunca van a terminar de aceptar. Y el segundo por verse ellos inmersos en procedimientos judiciales, estos sí, verdaderamente fundamentados, como si fuera culpa de Equo y no de ellos y su gestión que se vean ahora imputados en más de una causa”.
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