La empresa Integrity Urbana y la empresa pública GEN acaban de formalizar el contrato de compraventa de la finca 8b de Casines, en Puerto Real. Se trata de una parcela con una superficie de 1.791 metros cuadrados y una edificabilidad de más de 3.726 m2 en la que se construirán 40 viviendas de protección oficial. La operación impulsada por el Ayuntamiento permitirá que se levanten en la Villa viviendas públicas (por una promotora privada) más de una década después.
La venta se ha fijado en 559.100 euros (más el IVA), de los que 100.500 se abonarán en efectivo y el resto, 458.650 euros en especie, como se recogía en el pliego de licitación. En concreto, esta constructora se compromete a la rehabilitación de una parcela situada en la calle Factoría Matagorda número 5-7 (junto a plaza de San Telmo) y su adaptación para cuatro viviendas sociales de acogida temporal. Además, se incluye la redacción del proyecto de otras 50 viviendas protegidas en las parcelas b1-b2 del paseo María Auxiliadora que se promocionarían por GEN y Epsuvi en próximas fechas.
En total, según se resume en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta operación singular supondrá la promoción de casi un centenar de viviendas protegidas y sociales: las cuatro viviendas de realojo de Factoría Matagorda; las 40 que serán construidas por Integrity Urbana en Casines; y las 50 que se prevén ejecutar en una fase siguiente en María Auxiliadora a partir de los proyectos elaborados por la misma empresa.
Entre los compromisos adicionales, la firma que se hace con los suelos municipales asume la contratación de la empresa municipal Epsuvi para la comercialización de las viviendas. Asimismo, se encargará de la dirección facultativa de las obras, cuyo proyecto se prevé será presentado en el mes de septiembre por la empresa adjudicataria.
El bipartito de PSOE y AxSí resalta su gestión: por un lado, por el hecho de posibilitar la construcción de viviendas protegidas en el municipio, “algo que no ocurre desde 2007”. Y por otro, “lo novedoso del procedimiento”, que ha permitido que un acuerdo público-privado sirva para responder a las demandas de vivienda de la ciudadanía y reactivar el sector inmobiliario en el municipio, sin que se produzca pérdida del patrimonio municipal.
