La inflación en España ha alcanzado el 10,8% en agosto, la más alta en 40 años. Por el contrario, los sueldos y pensiones están estancadas (los salarios negociados a lo largo de 2022 ascienden un 2,57%, las pensiones lo hicieron el 2,5% las contributivas y un 3% las no contributivas). Y teniendo en cuenta que sólo el 15% de los convenios contienen cláusulas de revisión salarial, el empobrecimiento generalizado de los y las trabajadoras es alarmante. Pero el aumento del precio de la cesta de la compra no afecta por igual a toda la población, para los sectores más empobrecidos, el impacto sobre los productos de consumo diario llega hasta el 30%, según Oxfam Intermon. El riesgo de pobreza y exclusión social escala hasta el 27,8%, y crece entre los trabajadores con empleo.
Pero las cuatro principales energéticas (Naturgy, Endesa, Repsol e Iberdrola) cerraron el 2021 con más de 14.000 millones de beneficios y los bancos del Ibex 35, que el año pasado ganaron más de 20.000 millones, este primer semestre ya ganaban 10.295 millones. Los beneficios de las empresas cotizadas en 2021, marcaba un récord histórico de 64.021 millones de euros.
las medidas populistas del gobierno sólo perpetúan los negocios de las grandes compañías. Suponen un traspaso de dinero público a manos de empresas privadas. Sin una intervención de precios y de los beneficios con impuestos -o con la nacionalización de estas compañías estratégicas- no se resuelve el problema de fondo
Ahora, el Gobierno pretende cerrar tres negociaciones en los próximos meses: la revisión del SMI, activar el Pacto de rentas en un intento de limitar las subidas salariales y completar la reforma del sistema de pensiones, con nuevos recortes. Las medidas populistas del gobierno PSOE-Unidas Podemos como la rebaja de impuestos a la luz y el gas, la subvención de los 20 céntimos por el litro de gasolina, el cheque de 200 euros para las rentas más bajas o la reducción del precio del transporte público durante tres meses, no sólo perpetúan los negocios de las grandes compañías, sino que, lejos de dar una solución real a la clase trabajadora, amplían fuertemente la deuda pública. Suponen un traspaso de dinero público a manos de empresas privadas. Sin una intervención de precios y de los beneficios con impuestos -o con la nacionalización de estas compañías estratégicas- no se resuelve el problema de fondo. La única medida que va en esta dirección son los nuevos impuestos previstos para las eléctricas del 1,2% de sus ingresos, que prevé recaudar 2.000 millones de euros y el equivalente a la banca que recaudará otros 1.500 millones, es decir, una ínfima cantidad del enorme aumento de sus beneficios.
Unai Sordo, secretario general de CCOO advertía que “no es realista pedir una subida del 10% de los salarios como lo hace la inflación”, en todo caso pide cláusulas de revisión salarial. Para la negociación colectiva, CCOO y UGT presentan demandas del 3,5% al 4%. Argumentan que una subida de los salarios del 10% podría desencadenar un aumento de los precios sin freno, como si con la subida media del IPC y la inflación del 10%, la patronal no estuviera asegurándose ya los beneficios.
Esta realidad que se da internacionalmente, ha empezado a provocar movilizaciones obreras. Los aeropuertos en Francia a principios de verano. Lufthansa en Alemania junto con los principales puertos en el Mar del Norte. Gran Bretaña con las movilizaciones de ferroviarios, el metro de Londres y el puerto de Felixstowe, por el que pasan la mitad de los contenedores que llegan a Reino Unido. En España, el número de huelgas crece en un 20% respecto a 2021 en el primer semestre. A destacar la masiva huelga del metal en Cantabria que paralizó al sector dos semanas en junio. O la de enseñanza pública en Catalunya que después de varias jornadas de huelga en el tercer trimestre del pasado curso, ha conseguido del gobierno de la Generalitat, la contratación de 3.500 docentes para reducir una hora lectiva. La lucha es el único camino.
La escalada de precios no puede detenerse convenio a convenio. Es necesaria una huelga general para imponer la defensa de salarios y pensiones a la patronal y al Gobierno PSOE-IU/Podemos, exigiendo un cambio de rumbo de 180%. Esta demanda debería salir de todos los puestos de trabajo para exigir su convocatoria unitaria a todos los sindicatos. En este camino de unificación de las movilizaciones, es importante la cita del 15 de octubre en Madrid, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) en defensa de salarios y pensiones con el IPC real. A esta convocatoria se ha empezado a sumar sindicatos como CO.BAS y CGT. Es necesario convertirla en un clamor para exigir la convocatoria de la huelga general. DIARIO Bahía de Cádiz
