La presidenta de la Diputación (de Cádiz) fue en su día en calidad de alcaldesa precursora de la Sanlúcar del Santo Régimen, por eso, a nadie le debe extrañar que tienda a establecer desde esa institución pública un régimen homologable en la provincia.
Para ser alcaldesa recurrió al apoyo de un partido local-chiringuito y para ser presidenta de la Diputación no dudó en apoyarse en otro partido local-chiringuito.
Para ser secretaria provincial de su partido, como paso previo a asegurarse la presidencia de la Diputación, utilizó a modo de agencia de colocación a dos entes (MMBG y GDR-CN) que posteriormente terminaron por ser disueltos después de acumular millonarias deudas. En ambos entes fueron contratados como técnicos algunos miembros de su partido que no consiguieron renovar su elección como concejal y de esa manera asegurarse la adhesión de los mismos a su causa de conseguir la presidencia de la institución provincial. Al frente del GDR-CN colocó como gerente a una prima de su jefe de gabinete de alcaldía sin cualificación profesional ni experiencia. Su gestión fue un fiasco ya que no presentó ni un solo proyecto. El jefe de gabinete tuvo que dimitir cuando se destapó el caso, y el GDR-CN se tuvo que disolver.
La compra de voluntades dentro de la corporación local lo hizo en su periplo como alcaldesa, lo llevó a cabo para ser secretaria general de su partido y ha pensado que nada ni nadie va impedir que lo haga desde la presidencia de la Diputación.
En su primer mandato al frente de la Diputación dio cobertura como personal de confianza en el área de economía y generoso sueldo a quien, siendo ella alcaldesa, tuvo que dimitir porque su empresa fue adjudicataria de un contrato para las escuelas de verano. Nada importó para su adjudicación que fuera incompatible estar contratado como personal de confianza y obtener un contrato de un servicio con el Ayuntamiento. Cuando se denunció el caso, la excusa dada para anular el contrato fue que se había producido una incompatibilidad imprevista desconocida por las partes, que aún se recuerda en la ciudad con incredulidad y sonrojo.
Con este curriculum de utilizar los recursos públicos en provecho propio a quién le puede extrañar que mantengan en la Diputación un batallón de contratados como personal de confianza con el único objeto de dar cobertura salarial para que se dediquen a sus cosas. Entre ellas no se encuentra de dar cobertura técnica en los asuntos de Diputación y sí la de ejercer la oposición con dedicación plena tanto si ostentan la condición o no de concejales en sus municipios de origen y de ahí que ni siquiera aparezcan por la corporación provincial y la de apoyarla en su reelección como secretaria provincial.
Resulta que el actual alcalde de Sanlúcar del Santo Régimen, en su día mano derecha y tan derecha de la presidenta, que colaboró estrechamente en la conformación del régimen imperante en la ciudad y que ahora lo mantiene denodadamente con la anuencia de la presidenta ya que es concejal de esta corporación local, llevó a los tribunales de justicia a IU por considerar que el funcionario de empleo que le correspondía no trabajaba en las funciones propias de secretario del grupo municipal y que no apareció nunca por el Ayuntamiento, salvo el día de la firma de su contrato, considerando que se estaba utilizando los recursos económico del ayuntamiento para asuntos de partido y no en provecho de la ciudad. Algo que IU pudo demostrar fehacientemente que no era cierto y, por ello, la denuncia fue desistida.
El tiempo pone a cada cuál en su sitio, ahora es la presidenta quien está señalada por el uso perverso de los recursos económicos de la Diputación y el alcalde mira para otro sitio. Y es que el ladrón, o ladrona para cumplir con la igualdad de género, cree que todos son de su condición. DIARIO Bahía de Cádiz
